Existe el derecho de huelga, pero no el derecho al lock-out patronal

El debate sobre los límites del derecho de huelga resurge cíclicamente, sobre todo ante el aumento de conflictos colectivos de trabajo o, como sucedió recientemente, al debatirse la reforma laboral contenida en la Ley Bases. Y es habitual que se utilicen los medios de comunicación para condenar las huelgas de trabajadoras y trabajadores, pero hay un silencio atroz cuando el paro lo hace una empresa, a pesar de que las medidas de fuerza patronales son ilícitas.

El derecho de huelga está garantizado para los gremios por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En algunos países también se contempla el derecho de los empresarios al paro, pero no es el caso de Argentina.

A pesar de ello, el llamado lock-out patronal, cuya traducción literal sería “cerrar y dejar afuera”, se ha aplicado con frecuencia en nuestro país. Algunos de mucha duración y hasta con bloqueos, como fue el recordado “paro del campo” en 2008. Nadie fue criminalizado por esos cortes de rutas. Como dijo monseñor Romero, “la justicia penal es como las serpientes, solo muerde a los que están descalzos”.

Existen circunstancias en las que el empresario debe cerrar la fábrica y suspender al personal, pero son excepcionales y la ley establece un procedimiento determinado, con participación del sindicato. Mientras eso no ocurra, el empleador tiene la obligación de dar ocupación efectiva a las personas que contrata. Por ende, cerrar el lugar de trabajo y no dar tareas es un incumplimiento contractual.

Mucho más grave e igualmente ilícito es si eso es parte de una medida de fuerza patronal, que presupone la intención de no pagar los salarios durante el tiempo que dura el cierre de la empresa.

Es lo que está ocurriendo en un dilatado conflicto que se desarrolla en la industria ceramista, cuyos obreros llevan adelante una serie de huelgas en procura de un aumento salarial acorde a los índices inflacionarios.

Las cámaras de la actividad se niegan alegando una caída de sus ventas, y algunas empresas comenzaron a cerrar sus plantas. Es el caso de Canteras Cerro Negro, una de las más grandes, con establecimientos en Olavarría, Campana y Córdoba.

Esa empresa, paradójicamente, es la que informó en sus balances haber obtenido 1.212,5 millones de pesos de ganancias netas durante el primer trimestre de este año. Esos mismos registros contables indican que cosechó 40 mil millones de pesos desde 2022. Y, aunque no lo aclaran, es obvio que esa ganancia no se hizo sola, sus trabajadoras y trabajadores fueron quienes posibilitaron que se alcanzaran esos resultados.

Echando mano de la nueva reforma laboral, algunas de las empresas envían cartas documento a los domicilios de los trabajadores amenazando con despedirlos por su participación en las medidas de fuerza convocadas por la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA).

Es tan lamentable como evidente que las empresas se sienten avaladas por la política liberal de laissez faire, laissez passer del Gobierno, que les permite plantear una reducción del salario real y la realización de un lock-out, sin ningún tipo de intervención estatal.

Por eso, es preciso recordar que existe el derecho de huelga, pero no el derecho al lock-out patronal. Eso es ilegal.