La Cámara de Diputados avanzará en la conformación de comisiones claves para tratar la Ley Ómnibus de Milei

171
0
Compartir:

02/01/2024 Revolucionpopular.com (CABA) – Nota

Diputados busca conformar las comisiones necesarias para abrir el debate parlamentario del proyecto enviado el miércoles último por el Poder Ejecutivo y que consta de 664 artículos.

En la primera semana del año el   Congreso   avanzará en la conformación de comisiones claves que en enero deberán analizar la   Ley Ómnibus   del presidente Javier Milei que incluyen un   fuerte ajuste económico , achicamiento del Estado, pérdida de derechos para los trabajadores, congelamiento de las jubilaciones, privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, entre otras medidas.

En Diputados, fuentes parlamentarias aseguraron que esta semana el presidente de la Cámara de Diputados,  Martín Menem,  avanzará en la conformación de las comisiones de  Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, para abrir el debate parlamentario del proyecto enviado el miércoles último por el Poder Ejecutivo y que consta de 664 artículos.

En tanto, los diputados de la oposición advirtieron que  tienen que ser más  las comisiones a conformar por el tenor de los temas incluidos en el proyecto de ley; y en ese marco aspiran a que por el heterogéneo contenido de los proyectos sean analizados por entre 20 y 23 de las 46 comisiones que conforman la Cámara baja.

El tanto el Senado, conducido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el viernes pasado formalizó la conformación de las  comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Administrativos y Municipales.

La Libertad Avanza (LLA) y los bloques no kirchneristas  que integran el Senado ya designaron a los legisladores que desde esta semana integrarán las comisiones que trabajarán durante el Período Extraordinario de Sesiones convocado por el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de enero, en tanto que el   Frente de Todos   no presentó a sus representantes porque consideró que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría en cada comisión.

La decisión de entregar 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo fue tomada por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldada por una mayoría de 39 votos contra 29 del FdT. De ese modo, el listado de los integrantes de las comisiones informadas el viernes pasado cuenta con representantes de   La Libertad Avanza, el radicalismo, PRO, el peronismo disidente y de algunos bloques provinciales.

Actividad en el Senado
La cámara alta ya oficializó la convocatoria para este miércoles a la tarde a un plenario de las comisiones de  Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales  para debatir el proyecto de Boleta Única de Papel, e intentar dictaminar.

Además, la Cámara alta se oficializó la convocatoria a la comisión de   Presupuesto y de Relaciones Exteriores   para el miércoles a las 14,30 para analizar los convenios económicos internacionales firmados por el Gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para evitar la llamada «doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión», que deben ser ratificados por el Congreso.

Esos convenios, si obtienen dictamen favorable, serán puestos a consideración del pleno en sesiones del Senado que podrían desarrollarse entre el miércoles 10 o jueves 11 de enero.

Los principales puntos de la Ley Ómnibus
Los siguientes son los puntos principales del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento:
Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años. Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia.

Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada. Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam. Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto. Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas o obstaculicen el espacio público.

También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales. Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas. El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones. Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios. Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI. Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

Se propone la eliminación de las Paso y las primarias las tendrá que hacer cada partido político. Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales. Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político. Se establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023. Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización.

Se reforma el impuesto de bienes personales y se establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes. Se establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja. Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción Se modifica la ley de Biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.

Se unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional. Se propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo.

Se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria. Se instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia. Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes. Se introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil. Se limita el sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.
Compartir: