03/11/2020 Página 12 – Nota – Economía – Pag. 12
«Caravanazo» contra Flybondi
Vecinos de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero junto a trabajadores aeronáuticos realizaron este domingo un «caravanazo» en respaldo a la decisión del gobierno nacional de rechazar la reapertura del aeropuerto de El Palomar y repudiaron la «extorsión» de la low cost Flybondi, que se niega a volar desde Ezeiza como el resto de las aerolíneas. Bajo las consignas «No a la extorsión de Flybondi», «No al aeropuerto trucho e ilegal El Palomar» y «Sí al traslado de los vuelos de Flybondi y Jetsmart a Ezeiza o Aeroparque», los vecinos del oeste del conurbano bonaerense marcharon en caravana hasta la puerta de la Base Militar de El Palomar, que fue utilizada como aeropuerto comercial por Flybondi y Jetsmart hasta el inicio de la pandemia de covid-19. La movilización se hizo en apoyo a la decisión del gobierno nacional de trasladar los vuelos de Flybondi y Jetsmart al aeropuerto de Ezeiza, único habilitado en el AMBA que garantiza las medidas sanitarias de prevención. Los vecinos contaron con la adhesión de los sindicatos aeronáuticos APA, APLA, APTA, UALA y UPSA y destacaron que todos los empleados de Flybondi y Jetsmart podrán seguir trabajando en Ezeiza. Aunque tanto Flybondi como Jetsmart ya operaron en el Aeropuerto de Ezeiza, a donde son desviados cada vez que tienen dificultades (lluvia, neblina o fallas en sus aviones), las aerolíneas adoptaron posturas distintas una vez conocida la decisión del gobierno nacional. Jetsmart, que posee una flota de 4 aviones, acató lo resuelto por las autoridades, por lo que a partir de este lunes reinició sus operaciones regulares con vuelos desde Ezeiza hacia Córdoba, Mendoza, Neuquén y Bariloche. Desde el martes, además, retomará los vuelos hacia Salta y Tucumán. Y hará lo propio con la ruta a Ushuaia a partir del sábado 7 de este mes. Flybondi, en cambio, se negó a operar desde Ezeiza. Esteban Tossutti, presidente de la aerolínea y ex funcionario de Luis Juez en el Senado de la Nación, incluso amenazó públicamente con despedir a sus empleados, aunque hace más de seis meses que el gobierno nacional viene haciéndose cargo de pagar parte de los sueldos mediante el programa ATP.