La Justicia ya acumula más de cien demandas contra el DNU

Discusión en los tribunales
ALFREDO IZAGUIRRE

El rechazo del decreto en el Senado también fue un mensaje a los tribunales que deben resolver sobre algunas de las medidas que ya rigen a través del DNU. La Corte Suprema recibió pedidos de dos provincias para frenar la norma. Además, el Gobierno tiene otros frentes abiertos por los aumentos de las obras sociales. Tribunal. La Corte Suprema aún no empezó a tratar ninguna de las presentaciones.

La inédita decisión del Senado de rechazar el DNU 70/2023 da la señal de que el Gobierno quiere estirar los tiempos del Congreso y dejar en manos de la Justicia la definición del texto que presentó en diciembre del año pasado antes que la Cámara de Diputados pueda tener la palabra final.

El último mensaje de la Oficina del Presidente fue directo al cuarto piso del palacio de Talcahuano al 600, lugar donde funciona la Corte Suprema. Más que poner sus fichas en el Poder Judicial, Javier Milei da por hecho que el máximo tribunal resolverá más de un centenar de demandas contabilizadas que reclaman la inconstitucionalidad del decreto conformado por 14 títulos. Hasta ahora, La Rioja y Misiones son las provincias que tienen abierto un frente judicial contra el Estado nacional al presentar objeciones al DNU.

A fines del año pasado y con el patrocinio del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y del jurista Raúl Ferreyra, el gobernador Ricardo Quintela reclamó la inconstitucionalidad del decreto mediante una «acción declarativa de certeza» donde además de plantear su nulidad pidió una medida cautelar suspensiva de todos sus efectos.

Días después, el procurador general interino, Eduardo Casal, se pronunció a favor de la provincia de La Rioja al dictaminar que es la Corte Suprema la competencia originaria que debe intervenir en la demanda.

Por su parte, Hugo Passalacqua fue por las reformas del decreto que afectan al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Para ello no se presentó directamente ante la Corte, sino a un Juzgado Federal de Posadas con una medida cautelar en defensa de las funciones históricas de dicho instituto.

De los 14 títulos del DNU, diez están judicializados, esto insume un 70% del total del decreto. En materia de reforma laboral tal y como se refiere el apartado número 4, se encuentra suspendido.

La Cámara del Trabajo habilitó para que el Gobierno se presente ante la Corte contra la medida cautelar que la Justicia dictó a favor de la Confederación General del Trabajo que objeta las modificaciones en las indemnizaciones, las modalidades de contratación y el derecho a huelga.

No obstante, la pugna judicial abarca otros frentes cuyos demandantes también lograron un efecto suspensivo en el DNU que no se descarta puedan llegar a la Corte por la vía procesal.

Varias de ellas se encuentran en el fuero contencioso administrativo federal, civil y comercial federal de provincias como Río Negro, Buenos Aires y San Juan, entre otras.

Otra de las decisiones judiciales que causaron impacto en los últimos días y de la cual no se descarta llegue a la Corte por sentar un precedente tiene que ver con la salud, contemplado en el título XI del DNU. La justicia federal de Concepción del Uruguay le concedió una medida cautelar a favor de un afiliado a OSDE y dejó sin efecto los últimos incrementos.

Sin embargo, el Gobierno sumó un punto luego que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nro.
3 rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad que en diciembre la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (Fefara) reclamaba la nulidad absoluta de parte del Capítulo IX del decreto inherente a la desregulación de la actividad farmacéutica y del que apuntaban a que se impidiera «la facilitación del libre comercio de los medicamentos, su prescripción por droga genérica en vez de marca y la posibilidad de que los medicamentos denominados de venta libre y especialidades farmacéuticas puedan ser vendidos fuera de las farmacias, entre otras disposiciones».

Finalmente, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, ONG que introdujo el primer reclamo de inconstitucionalidad contra el DNU a través de una medida cautelar, se valió del rechazó del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico y presentó un recurso de queja para que sea el Máximo Tribunal del país el que resuelva el planteo.