La reglamentación de la Ley Bases precariza aún más el trabajo en el Estado y anticipa despidos
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En las últimas horas, después de que el Gobierno de Javier Milei reglamentara el Título II de la Ley Bases, por medio del Decreto 695, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger celebró el avance prometiendo “acelerar la motosierra”, cambiar los procedimientos administrativos “con procesos anti-coimas” e implementar mecanismos “anti-ñoquis”. La reglamentación incluye también un nuevo régimen para los contratados en planta transitoria de la Administración nacional, que precariza aún más la situación de los trabajadores estatales y anticipa más despidos.
“Hoy el Dec 695/24 reglamentó parte de la ley Bases; en particular aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas”, remarcó Sturzenegger desde sus redes sociales, tras la publicación del decreto 695/24 en el Boletín Oficial.
En cuanto al supuesto mecanismo “antiñoquis”, en realidad se trata de un avance contra la estabilidad del empleo público, que establece que el régimen de contratación por tiempo determinado y plantas transitorias estará sujeto a “un carácter transitorio o estacional”, con cláusula de recisión a favor de la Administración pública nacional, planteando explícitamente que estos puestos de trabajo “carecen de estabilidad y su contrato o designación en planta transitoria pueden ser canceladas en cualquier momento”.
“Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses”, detalló Sturzenegger. Pero lo cierto es que la cobertura con goce de sueldo de 12 meses sería sólo para trabajadores con más de 30 años en el Estado, para los de entre 15 y 30 serán 9 meses y para los de menos de 15 sólo seis. Para el personal que esté a menos de un año de jubilarse se iniciará inmediatamente el proceso jubilatorio.
Ya antes de la aplicación de estas nuevas normas, el gobierno de Milei redujo en casi 30 mil puestos laborales la plantilla estatal, sobre todo por medio de la finalización de contratos (buena parte de los trabajadores estatales revista con estos contratos que se renuevan periódicamente, incluso por más de diez años), pero también vía jubilaciones adelantadas o retiros voluntarios. El objetivo oficial apunta a llegar a los 50 mil despidos.
Sturzenegger también festejó que la vigencia de la Ley Bases le permita a Milei cambiar las formas societarias de diversas empresas públicas, por lo que podrá avanzar con privatizaciones de “un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696”, permitiendo una “amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados. Según el funcionario, el primer organismo que se cerrará definitivamente sería el INADI (decisión que se concretó este martes, con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial). Pero también están en la lista organismos como el CONICET, la ANMAT, el ENACOM, el INCAA, la CONEAU, el INCUCAI, el INTA, el CENARD, el SENASA y el Banco de Datos Genéticos, entre otros.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que si se avanzara en este objetivo áreas centrales de la atención estatal “dejarán de existir”. El titular de ATE Rodolfo Aguiar cruzó al titula de Desregulación desde sus redes advirtiéndole que “tenga cuidado, no acelere tanto la motosierra que le puede terminar cortando la cabeza usted”. Luego añadió: “Para combatir a los ñoquis, primero hay que encontrarlos. Ya pasaron 7 meses y no mostraron uno. Le sugiero que busque en las designaciones del Gabinete, tal vez aparezcan en la misma Casa Rosada. Es más, si se mira a sí mismo, usted es uno de los que vive de la teta del Estado desde hace más de 30 años”.
El dirigente estatal enfatizó que al Gobierno “no les alcanzó con aprobar la Ley de Bases en medio de graves irregularidades, sino que ahora el Poder Ejecutivo se excede en sus facultades reglamentarias” y aseguró que el decreto de reglamentación “es más dañino que la propia ley para los Empleados Públicos”.
