Las aerolíneas no podrán ser rescatadas si malversaron caudales públicos

Las aerolíneas españolas que quieran acogerse al fondo de rescate de 10.000 millones para las empresas consideradas estratégicas no pueden haber sido condenadas por malversación de caudales públicos, según reveló este martes el Gobierno al entrar en detalles de la operativa del citado instrumento que va a depender de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Las aerolíneas podrán solicitar desde 25 millones de euros, y el importe máximo dependerá de las necesidades financieras de cada una para ser viable, aunque en ningún caso podrá mejorar la cantidad solicitada el patrimonio neto de la compañía del 2019, antes del estallido de la crisis del coronavirus, según La Vanguardia (Hidalgo: los 12 tsunamis que ha superado estos años frenéticos).

Según ha detallado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, podrán acceder a esos fondos “empresas estratégicas a nivel nacional y regional”. Entre las condiciones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado para acceder al fondo destaca la obligatoriedad de que la sociedad tenga la sede social en España, así como sus principales centros de trabajo.

Las empresas que quieran acogerse a este fondo deberán solicitarlo por escrito. Otro requisito es que deben demostrar que sin esa ayuda resultaría muy difícil “mantenerse a flote”, ha subrayado Montero tras el Consejo de Ministros. Además, debe acreditar que el cese del negocio supondría “un impacto fuerte en la economía y en el empleo del país”.

La compañía que recurra a esta fórmula porque su situación económica ha empeorado por la pandemia no podía estar en situación de crisis a 31 de diciembre del 2019. Tampoco podía haber presentado antes de esa fecha concurso voluntario de acreedores o ser insolvente (Iberia, con menos prisas que Air Europa para ser rescatada).

Este rescate, al que pueden acudir Iberia o Air Europa (Globalia) y que estará operativo en 30 días, puede ser en forma de préstamos participativos, suscripciones de acciones, deuda convertible o participaciones sociales, al tiempo que se deberá presentar un plan de viabilidad a medio y largo plazo, que describa la utilización de los fondos públicos (Globalia pone condiciones al Gobierno y pediría unos 200 millones “para ganar tiempo”).

Además, la empresa deberá presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal, estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas y de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, a la vez que no podrá hacer una expansión comercial agresiva, tampoco repartir dividendos (Los Hidalgo se repartieron 35 millones de beneficios en febrero).

Fuente: preferente.com