Más de 22 mil trabajadores petroleros paralizan la refinación y distribución de combustibles en protesta contra el impuesto a las ganancias
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La restauración del gravamen fiscal genera un paro nacional indefinido, dejando en riesgo la distribución de combustible en Argentina. Más de 22 mil trabajadores del sector petrolero anuncian un paro en protesta contra la exclusión de los beneficios fiscales, acusando al gobierno de Javier Milei de discriminación y amenaza a sus derechos laborales.
En un movimiento que podría sacudir los cimientos del suministro energético de Argentina, más de 22 mil trabajadores petroleros han declarado un paro nacional indefinido a partir del 1 de agosto. La medida, anunciada por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio), surge como respuesta a la reciente reimplantación del impuesto a las ganancias, una decisión del gobierno de Javier Milei que ha sido calificada de «discriminatoria» y «arbitraria» por los líderes sindicales.
El conflicto se desató tras la promulgación de la ley 27.743, que restableció el impuesto a las ganancias para aproximadamente 1,2 millones de trabajadores que anteriormente habían sido eximidos. El nuevo umbral impositivo afecta a aquellos con ingresos superiores a $1,8 millones anuales, lo que ha encendido la mecha de la protesta en un sector vital para la economía nacional. Según la ley, únicamente los trabajadores clasificados como «personal de pozo» quedaron exentos, dejando fuera a la mayoría de los petroleros que desempeñan funciones igualmente críticas en refinerías y plantas de procesamiento.
Mario Lavia, secretario general de la FaSiPeGyBio, ha liderado la carga contra esta legislación, calificándola de un «ataque directo» al poder adquisitivo y a la calidad del empleo en el sector energético. Lavia destacó que esta exclusión selectiva no solo afecta económicamente a los trabajadores sino que también pone en riesgo el desarrollo estratégico de la industria petrolera, un pilar clave para el progreso económico del país.
El sindicato ha lanzado una medida cautelar para suspender la aplicación del impuesto, argumentando que este gravamen no solo es injusto sino que también viola principios básicos de equidad y justicia fiscal. La FaSiPeGyBio subraya que el decreto 652/2024, que reglamenta la ley, fue implementado sin una consideración adecuada de las condiciones específicas del trabajo en refinerías, donde los riesgos y esfuerzos son comparables a los del personal de pozo.
La respuesta del gremio no se ha limitado a la vía judicial. En un comunicado oficial, anunciaron que el paro afectará significativamente la provisión de combustible en todo el país, incluyendo las estaciones de servicio y los aeropuertos, con Aeroparque y Ezeiza en la primera línea de impacto. La interrupción en el suministro de combustibles podría desencadenar una serie de problemas logísticos y económicos a nivel nacional, subrayando la importancia de este sector.
La tensión escaló aún más cuando la jueza María Victoria Bacci de Neuquén falló a favor de una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que suspendía la aplicación del impuesto a las ganancias en esa provincia. Este fallo ha sido interpretado como una señal de que el poder judicial podría inclinarse a favor de los trabajadores en este conflicto, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a la situación.
En paralelo, la medida de fuerza coincide con un aumento del 2,5% en los precios de los combustibles, exacerbando el malestar entre los consumidores y aumentando la presión sobre el gobierno de Milei. El costo de la nafta súper en Buenos Aires se espera que alcance los 966 pesos por litro, con la premium llegando a los 1191 pesos, un golpe adicional a los bolsillos de los argentinos en medio de una inflación galopante.
La oposición ha criticado duramente la medida, calificándola de una traición a las promesas de campaña de Milei de aliviar la carga impositiva sobre los trabajadores. Este conflicto, enraizado en una cuestión de justicia fiscal, tiene el potencial de convertirse en un punto de inflexión en la administración de Milei, poniendo a prueba su capacidad para manejar una crisis laboral de grandes proporciones.
Mientras tanto, los líderes sindicales se preparan para una lucha prolongada. Las asambleas realizadas en las principales refinerías del país, incluyendo plantas en Avellaneda, Bahía Blanca y Campana, han consolidado el apoyo a la medida de fuerza. «Nos han discriminado y ahora nos toca defender nuestros derechos y los de nuestras familias», declaró Gabriel Matarazzo, líder del sindicato de Bahía Blanca. Este sentimiento de lucha compartida resuena entre los trabajadores, que ven en este paro no solo una protesta contra un impuesto injusto, sino una batalla por el reconocimiento y respeto de sus contribuciones a la economía nacional.
En resumen, el conflicto entre los petroleros y el gobierno de Javier Milei se perfila como una confrontación de alta intensidad, con implicaciones que van más allá del sector energético. La resolución de este enfrentamiento no solo determinará el futuro de miles de trabajadores, sino también la estabilidad de un gobierno que enfrenta su primer gran desafío político y económico.
