Repudio internacional a Bullrich por cargarle a los gremios la seguridad de la marcha
En las últimas horas la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió una carta pública de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por las cartas documento que le envió a distintos gremios con la intención de trasladarle el “costo operativo” del despliegue de fuerzas policiales durante la movilización del pasado 27 de diciembre a Tribunales para protestar contra la reforma laboral por decreto. Allí, la organización internacional condena enfáticamente “la criminalización de la protesta” e “insta a las autoridades a cesar de forma inmediata con actitudes de violencia política”.
La ITF, que afilia a más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte de 670 organizaciones sindicales en 150 países, expresó su “más enérgico repudio a la carta documento enviada por el Ministerio de Seguridad al Sindicato de Camioneros el día 10 de enero de 2024”. Al respecto, añadieron: “Si bien comprendemos la importancia de mantener el orden y la seguridad pública, resulta inaceptable que, en un país donde presuntamente rige el orden democrático y la libertad de expresión y asociación sindical, se produzca semejante avasallamiento de derechos”.
En este sentido, se recordó que la misma Constitución Nacional Argentina establece en su artículo 14 “el derecho de los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita; a navegar y comerciar; a peticionar a las autoridades; a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; y a asociarse para fines útiles”. Por tanto, “intentar implementar castigos económicos por ejercer el derecho a manifestarse y por presentar un escrito en sede judicial impugnando un DNU linda con prácticas propias de gobiernos totalitarios y autoritarios y resultaría tan inconstitucional como el propio DNU que está siendo impugnado”.
También se remarcó que nuestro país es firmante de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical, la protección del derecho de sindicación, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, detallando que “estos convenios subrayan la importancia de garantizar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, derechos que se ven amenazados por la imposición de multas a los trabajadores que participan en manifestaciones sindicales como una forma de desincentivar la participación en actividades sindicales legítimas”.
“El compañero Pablo Moyano, presente en la movilización pacífica al Palacio de Justicia para presentar formalmente un escrito en nombre de la CGT, no solamente es un referente sindical nacional, sino que ostenta la vicepresidencia mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte, por lo que contará siempre (como todas las organizaciones afiliadas) con el respaldo internacional y la solidaridad global ante este o cualquier otro posible embate autoritario que infrinja las libertades sindicales y laborales”, explicaron.
Así, la ITF condenó “enérgicamente la criminalización de la protesta, y especialmente actitudes amedrentadoras como intentar cobrar supuestos e incomprobables gastos por algún operativo de la fuerza pública que ya recibe su salario y partida presupuestaria justamente para cuidar el orden público en estas y otras situaciones”. Y añadió: “Estas actitudes de violencia política deben cesar de forma inmediata. Los sindicatos son parte de la solución, y no parte del problema. El movimiento de trabajadores es una pieza fundamental para el diálogo social por el que la OIT y todos los países democráticos y civilizados bregan. Resulta alarmante percibir que Argentina dejaría de contarse entre ellos”.
Para terminar, la ITF urgió a Bullrich “a retrotraer estas medidas de carácter amedrentador para, por el contrario, promover el consenso, el diálogo y la negociación como camino de la resolución democrática y civilizada de los conflictos” y afirmó que continuará “monitoreando la situación”, sin escatimar “medidas nacionales e internacionales para velar por los derechos de todas y cada una de las organizaciones afiliadas, por el bien de los trabajadores del transporte y de la sociedad Argentina en su conjunto”.
