Corrupción en la ANDIS:

Con la presencia de Diego Spagnuolo desde las 9.30 en Comodoro Py, se dará inicio a una nueva ronda de indagatorias en el marco de la causa sobre los contratos direccionados y con sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal federal Franco Picardi detectó un nuevo circuito de corrupción que involucrarían fondo públicos por 76 mil millones de pesos y se habla de un modus operandi que habría beneficiado a «un reducido grupo de empresarios».

«Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial», sostuvo el fiscal Picardi cuando requirió una nueva indagatoria ante una ampliación de la imputación.

La lista de los nuevos implicados en la ruta de fondos irregulares está encabezada por Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, quien ya se encuentra procesado por corrupción por el desvío de compra de medicamentos, coimas y maniobras irregulares.

En este caso son nuevas maniobras desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera “articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial».

El juez federal Ariel Lijo respaldó la investigación del Ministerio Público y fijó el nuevo calendario de indagatorias que inicia este martes con Spagnuolo y quien lo secundaba en la ANDIS, Daniel Garbellini. Son 35 citaciones en total, entre ex funcionarios y empresarios que deberán presentarse en los Tribunales de Retiro.

Esta segunda etapa de la investigación se concentra en insumos de alto costo y baja incidencia de la ANDIS. Al igual que en la categoría medicamentos que devino en el primer procesamiento contra Spagnuolo, “se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.

Para el magistrado esa maniobra “habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, todo lo cual habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando a su vez retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares intervinientes”.

Los presuntos actos de corrupción se llevaron a cabo al menos desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de sumas millonarias a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.

Además de todas las actividades ilícitas identificadas y de todas las personas que ya han sido imputadas en el caso, en esta oportunidad se detallan nuevas maniobras de “similares características, en las que han participado personas ya procesadas y llamadas a indagatoria, y, también personas -físicas y jurídicas- que hasta el momento no habían podido ser identificadas”.

Las compras bajo observación son de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.

El reducido grupo de beneficiarios

El entrecruzamiento de datos arrojó un detalle de veintiocho compulsas para amputaciones, en las que se habrían realizado convocando a un máximo de seis empresas: Profarma; Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud, «siendo invitadas a cotizar específicamente a cinco empresas en trece casos y seis firmas en los otros quince», contó el magistrado.

La firma Resposane Salud -vinculada a Miguel Ángel Calvete y a Federico Maximiliano Santich- “fue formalmente invitada a participar, pero sólo presentó cotización en dos oportunidades -una en octubre de 2024 y otra en noviembre del mismo año-, sin volver a intervenir; en tanto que la firma Profarma fue invitada a cotizar en catorce ocasiones -correspondiente a compulsas realizadas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025- pero sólo presentó oferta en una de ellas, puntualmente en octubre de 2024”, detalla la resolución.

De tal forma, “la participación de dichas empresas (Resposane Salud y Profarma) se habría limitado a cumplir un rol meramente formal, tratándose asimismo de firmas vinculadas a Calvete. Por el contrario, la firma Indecomm -propiedad de Miguel Angel Calvete- fue invitada a participar y presentó cotización en todas las compulsas de precios y resultó adjudicataria en reiteradas oportunidades”.

Las restantes empresas participantes “pertenecen a la familia Sagues, representada por Christian, Vicente, Lucas y Mariano y de estrechos vínculos con Miguel Ángel Calvete” y se habrían prestado a la maniobra.