La motosierra y la soberanía en venta:
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El desguace en ciencia y tecnología y la rendición al poder extranjero.
Hace tres décadas, presionado por Washington, Menem desmanteló el Cóndor II: el misil-satélite que estuvo a un paso de convertir a la Argentina en una potencia tecnológica media, envuelto en una trama de corrupción internacional que involucró bancos, empresas de armamento y contrabando. Hoy, en una versión aumentada del mismo guion, Milei apaga al CONICET, al INTA, al INTI, a la Comisión de Energía Atómica, al Servicio Meteorológico y a la agencia espacial. No es azar, es un plan de pérdida soberana: la entrega del patrimonio científico y tecnológico.
domingo 26 de julio de 2026 07:57
La historia empieza mucho antes. El presidente Arturo Frondizi creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) por decreto 1.164, el 28 de enero de 1960, en el ámbito de la Secretaría de Aeronáutica, en plena carrera espacial desatada por el Sputnik soviético de 1957. Puso al frente al ingeniero Teófilo Tabanera —oficial de la Fuerza Aérea, miembro de la British Interplanetary Society y de la American Society of Rockets, hoy recordado como el «padre de la astronáutica argentina»—, cuyo nombre lleva hoy el centro espacial de la CONAE en Córdoba. El objetivo inicial no era ningún misil: la CNIE debía desarrollar cohetes de investigación propios para estudiar la atmósfera superior, con cohetes sonda y globos estratosféricos. El primero, el Alfa Centauro, se lanzó el 2 de febrero de 1961, obra de un equipo del Instituto Aerotécnico dirigido por el ingeniero Aldo Zeoli. La CNIE funcionó hasta 1991, cuando fue reemplazada por la actual CONAE.
El interés militar llegó antes de lo que parece. En 1979, tres años antes de Malvinas, el brigadier Graffigna convocó al entonces presidente de la CNIE, el brigadier Sánchez Peña, para «reencausar y tomar la iniciativa» en cohetería militar. Según reconstruyó el investigador del CONICET Daniel Blinder a partir de entrevistas con fuentes de la Fuerza Aérea, el pedido fue explícito: «un cohete de uso militar» en el menor tiempo posible, en el contexto de la crisis del Canal de Beagle con Chile (1978), que había llevado a los dos países al borde de la guerra. «El interés era claramente militar», relató una de esas fuentes: «nos quedaba muy fresco todavía el tema Chile». El exdirector de la CONAE, Conrado Varotto, sostiene una versión más tajante: «desde su inicio fue un proyecto de defensa». Otra fuente de la Fuerza Aérea lo niega y asegura que hasta entonces el Cóndor I fue apenas «un cohete de experimentación, no tenía ni una finalidad militar, ni de cohete sonda». El propio Blinder deja la contradicción abierta: es el destino habitual de la historia oral sobre un programa que fue secreto durante casi quince años.
En esos túneles subterráneos de hasta un kilómetro de largo, cavados en la montaña cordobesa, la Argentina llegó a dominar algo que en ese momento solo poseía Francia: el ciclo completo de combustibles sólidos de alto rendimiento para cohetería. Tenía además tres plantas —Falda del Carmen, Embalse de Río III y Famazul— contra la planta única francesa. Se desarrollaron toberas de materiales compuestos, aerodinámica hipersónica, sistemas de guiado. Nunca fuimos un país que solo produjera dulce de leche, biromes y colectivos, como dijo el presidente Javier Milei, confundiendo inventos locales con la única producción; en algunos momentos de la historia reciente, la Argentina lideró el avance tecnológico junto a solo ocho potencias del planeta.
Cancelado a pedido de Washington
En abril de 1988 el todavía candidato Carlos Menem, que con tal de llegar al sillón de Rivadavia prometía a cada uno lo que esperaba de él, aunque las promesas no pudieran cumplirse o fuesen contrapuestas, prometió sostener el proyecto: «Para nosotros es muy importante la fabricación del Cóndor II, que tiene fines pacíficos». Dos años después, en abril de 1990, su ministro de Defensa Humberto Romero anunció el freno. El guion ya estaba escrito donde lo escriben siempre: el embajador norteamericano Terence Todman había llegado a Buenos Aires en 1989 con una misión explícita que iba mucho más allá de encontrar tortugas perdidas: eliminar el Cóndor II. Cuando estalló la Guerra del Golfo y se confirmaron los vínculos del programa con Irak, la presión se volvió innegociable: amenazas de cortar crédito internacional y visitas de técnicos estadounidenses a Falda del Carmen para supervisar el desmantelamiento; nada diferente a lo que Donald Trump hace ahora, cuando exige votos a Milei a cambio de préstamos o manda a su personal a controlar que el desguace se cumpla. El 28 de mayo de 1991 —se cumplen este año 35 años— el nuevo ministro de Defensa, Antonio Erman González, firmó el decreto 995: cancelación total, desactivación, destrucción de motores, moldes y planos. En 1993 la Argentina adhirió al Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), sellando para siempre cualquier ambición misilística —o, con ella, satelital— propia.
El 31 de diciembre de 1991, la Fuerza Aérea informó que el decreto se había cumplido «al ciento por ciento»: la empresa que administraba el proyecto, INTESA, se disolvió, y se destruyeron los archivos y materiales que pudieran reciclarse. El centenar de científicos, ingenieros y técnicos que habían trabajado en el proyecto quedó disperso: algunos se jubilaron, otros intentaron sin éxito conseguir un lugar en la Fábrica Militar de Aviones, y denunciaron el maltrato del gobierno de Menem. «El asunto fue qué hacer con los ingenieros, con los técnicos y demás recursos humanos que trabajaron en el proyecto», resumió el comodoro Ricardo Vicente Maggi, vinculado al programa: una masa crítica formada durante dos décadas, tirada a la basura.
El caso del comodoro Miguel Vicente Guerrero, graduado en tecnología misilística en el MIT y mano derecha del brigadier Crespo —lo llamaban «el cerebro del Cóndor»—, resume el desenlace. Pasado a retiro, rechazó un puesto académico que le ofrecieron en una universidad de Estados Unidos y se quedó en el país: se incorporó a la Universidad del Salvador, donde terminó de decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Murió en 2019, en silencio. Suya es la frase que mejor resume el desmantelamiento: «los norteamericanos nos pedían un pan y les entregamos la panera, y totalmente gratis».
El financiamiento del Cóndor II nunca fue prolijo. Detrás del proyecto operó un consorcio europeo de 17 empresas con base en Suiza y Mónaco, conocido como CONSEN, que aportó tecnología alemana —Messerschmitt-Bölkow-Blohm— e italiana —SNIA-BPD, controlada por el grupo Agnelli, dueño de FIAT—. El dinero oficialmente venía de Egipto, pero en los hechos era Irak quien pagaba, para usar la tecnología argentina en su propio misil, el Badr-2000, rebautizado Tammuz I: entre 12 y 20 vectores fueron exportados clandestinamente desde puertos patagónicos entre 1989 y 1990, declarados como láminas y tubos de acero. Kuwait también participó como financista discreto. En 1988, el banco italiano BNL fue el centro de un escándalo mayúsculo: había prestado miles de millones de dólares a empresas que transferían tecnología militar a Irak, con sobornos estimados en 200 millones de dólares que costaron la cabeza de su cúpula directiva. Ese mismo año, el FBI detuvo en el aeropuerto de Baltimore a dos agregados militares egipcios que cargaban material clave para las ojivas del misil. La Argentina no fue una víctima inocente de la cancelación: fue, durante años, una pieza de un engranaje internacional de contrabando de tecnología militar que manejaba miles de millones de dólares.
La comparación con Israel es la que más duele: Tel Aviv nunca canceló su propio programa de misiles (el Jericho) y lo derivó en el lanzador satelital Shavit, que desde 1988 pone satélites en órbita con tecnología propia. Israel es, hoy, una de las pocas naciones del mundo con capacidad autónoma de lanzamiento espacial. En la Argentina, en cambio, el conocimiento sobrevivió disperso y a pulmón: en 1996, un grupo de esos mismos científicos, ya reconvertidos, diseñó, construyó y lanzó por su cuenta el satélite Víctor-1, prueba de que lo aprendido no había desaparecido del todo. La Argentina tuvo que esperar más de veinte años para que las instalaciones de Falda del Carmen —hoy reconvertidas en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE— volvieran a alojar un proyecto de cohetería propia, el Tronador, con algunos de los mismos ingenieros del Cóndor regresando a terminar lo que el país les había ordenado abandonar tres décadas antes.
El contrato recién se firmó en febrero de 2007, bajo el gobierno de Néstor Kirchner —hasta entonces la CONAE había intentado sin éxito atraer inversión privada, «debido a la falta de inversión estatal»—, y desde junio de ese año el Tronador empezó a recibir fondos públicos. El resultado, casi veinte años después, es un proyecto todavía inconcluso: tres vehículos experimentales lanzados en 2014 y 2017, un primer vuelo suborbital del TII-70 previsto para comienzos de 2026 desde el Centro Espacial Punta Indio, y el objetivo final —poner en órbita el Tronador II 250, con 500 a 750 kilos de carga a 600 kilómetros de altura— recién fijado para 2030. Hoy trabajan en el proyecto 116 profesionales de la CONAE y de VENG, con otras 300 contrataciones indirectas previstas en esta nueva etapa, y participan también INVAP, la empresa Valthe y las universidades nacionales de La Plata y de Mar del Plata. La Argentina todavía no integra el grupo de apenas diez países que dominan el ciclo espacial completo —diseñar, fabricar y lanzar un satélite propio sin depender de terceros—, pero está más cerca que nunca. Y sin embargo, el propio proyecto que iba a saldar la deuda del Cóndor enfrenta ahora su propia motosierra: el Presupuesto 2026 le asignó apenas 893.000 dólares, una cifra que la prensa especializada calificó de «insignificante» y que alcanza, como mucho, para mantener la línea viva un año más.
El mapa del desguace
Menem alineó a la Argentina con Estados Unidos, sacrificó una capacidad tecnológica soberana bajo presión externa y lo hizo envuelto en una trama de corrupción que nunca terminó de esclarecerse del todo. Milei repite el guion, pero en una versión ampliada: ya no es un misil, es el sistema científico-tecnológico completo.
Hay una épica que el oficialismo repite como un rosario: el déficit cero, la motosierra, el Estado que dejó de estorbarle al sector privado. Detrás de esa liturgia hay una operación más silenciosa y mucho más precisa. Mientras Javier Milei celebra cada punto del PBI ahorrado, se apagan —una por una— las instituciones que investigan, miden, certifican, pronostican y controlan. Y no se apagan al azar: caen las que fiscalizan, las que le hacen sombra a un privado o las que custodian un recurso estratégico. En su lugar avanzan los mismos apellidos de siempre.
El número grueso ya es escándalo: más de 68.000 empleos públicos menos desde diciembre de 2023, casi uno de cada cinco de los que había cuando llegó el mileísmo. Pero el dato que importa no es la cantidad, sino la puntería. La motosierra no talla parejo: dibuja un mapa. Y ese mapa, leído con atención, se parece demasiado a la lista de objetos de una subasta.
Empecemos por el corazón. La inversión estatal en ciencia y técnica se redujo aproximadamente a la mitad: distintas mediciones ubican la caída real entre el 46% y el 56%, con la proyección de la inversión en ciencia cayendo al 0,151% del PBI en 2026, el nivel más bajo desde 1972. En el CONICET, la cantidad de personas dedicadas a la investigación pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a unas 9.500 en febrero de 2025. El propio Ministerio de Ciencia se jactó de haber “perdido” 644 trabajadores que “no contribuían a prioridades estratégicas”. Las becas doctorales se recortaron cerca del 40%. El directorio del organismo debió salir a repudiar por escrito los despidos ordenados por el Ejecutivo.
El INTA, que durante casi 70 años llevó tecnología a cada rincón productivo del país, perdió cerca de 900 trabajadores, tiene en carpeta el cierre de unas 50 agencias de extensión rural y un decreto le arrancó la autarquía para degradarlo a organismo “desconcentrado”. El INTI, que mide, calibra y certifica que lo que consumimos sea seguro, se despidió de 774 empleados y de más de 900 servicios que Federico Sturzenegger dio de baja de un plumazo.
En la Comisión Nacional de Energía Atómica, el presupuesto 2026 es un 58% más chico en términos reales que el de 2023, y los despidos alcanzaron a profesionales de proyectos estratégicos como los reactores CAREM y RA-10. Los ingenieros nucleares top, que ganan alrededor de $1,5 millones, hacen las valijas y se van. En la CONAE, la agencia espacial, se recortó más del 53% del presupuesto y una decisión administrativa le quitó $4.400 millones justo después de que el Gobierno se colgara del éxito del nanosatélite ATENEA. Su director ejecutivo, Raúl Kulichevsky, el hombre que condujo los satélites SAOCOM, renunció tras dos años sin que le conformaran el directorio.
El Servicio Meteorológico Nacional, uno de los más antiguos del mundo, apagó estaciones y dejó a 18 municipios sin información nocturna, entre ellos Bahía Blanca, semanas después de que la ciudad sufriera una catástrofe climática. Y la ANMAT, la barrera que debería impedir que un medicamento envenenado llegue a una cama de terapia intensiva, quedó bajo la lupa judicial por el fentanilo contaminado que ya causó más de 120 muertes: había inspeccionado el laboratorio en diciembre de 2024 y recién suspendió la producción en febrero, cuando las ampollas ya estaban en la calle.
Detengámonos un segundo en esos físicos que hacen las valijas, porque ahí está la trampa más cruel. Un investigador del CONICET no se forma en un semestre: entre el doctorado, el posdoctorado y los primeros años de carrera pasan diez o quince años, casi siempre pagados por el Estado argentino. Cuando lo echan, no tiene adónde ir. La Argentina invierte en investigación y desarrollo (I+D) alrededor del 0,2% de su PBI —los países desarrollados, entre el 2% y el 5%—, y ese puñado de I+D es mayormente estatal: casi no hay laboratorio privado que absorba a un especialista en terapias contra el Chagas o en computación cuántica. Así que al despedido le quedan dos caminos: cambiar de rubro —manejar, vender, reconvertirse, tirar por la borda una década de formación— o irse. Alejandro Díaz-Caro se fue a Francia. Vanesa Puente, bióloga especializada en Chagas, se fue a la República Checa. Cada uno de ellos es una beca que pagamos todos y una patente que cosechará otro país.
Y esto ya lo vimos. La historia científica argentina es un electrocardiograma: picos de inversión y entusiasmo seguidos de apagones brutales, una y otra vez, durante tres cuartos de siglo. En 1958, Bernardo Houssay —primer Nobel de ciencia de América Latina— fundó el CONICET, y el país llegó a acumular tres premios Nobel científicos (Houssay, Leloir y Milstein), un récord que ningún otro país de la región igualó. Ocho años después, en 1966, la Noche de los Bastones Largos vació las universidades a palazos: unos 300 científicos partieron al exilio. Entre los que ya se habían ido estaba César Milstein, que en 1984 ganaría el Nobel trabajando para el Reino Unido. El emblema perfecto: un cerebro que formamos y regalamos.
La dictadura de 1976 no solo persiguió: apuntó específicamente a la ciencia. El CONICET tiene identificados 8 investigadores desaparecidos —entre ellos Martín Toursarkissian, Manuel Ramón Saavedra, Federico Gerardo Lüdden y Roberto Luis López Avramo—. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, que el almirante Emilio Massera se reservó como zona de caza propia al repartirse el país con Videla y Agosti, los grupos de tareas secuestraron a 25 científicos, profesionales y trabajadores: 15 siguen desaparecidos, además de otros 3 ex alumnos del Instituto Balseiro de Bariloche. La intervención militar echó a 107 empleados de planta permanente y dio de baja otros 120 contratos; por el clima de terror, entre 1976 y 1978 renunciaron 370 personas más, muchas de ellas científicos de excelencia formados en el país: una fuga de cerebros que las víctimas mismas calificaron como muy superior a la de los Bastones Largos.
El 15 de julio de 1977, un grupo de tareas de la Armada secuestró a plena luz del día, saliendo de su trabajo en la CNEA, al físico nuclear Daniel Lázaro Rus, de 26 años, uno de los investigadores más promisorios del área e hijo de Sara Rus, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, que después se sumó a las Madres de Plaza de Mayo. Esa misma noche cayeron también su colega Gerardo Strejilevich —trabajaba en el Departamento de Reactores Nucleares del Centro Atómico Constituyentes, terminando su tesis de Física— y la novia de este, Graciela Barroca, de 24 años, también empleada de la CNEA. Los tres pasaron por los centros clandestinos «Club Atlético» y la ESMA. Siguen desaparecidos.
El derrumbe de 2001 disparó otra estampida: hacia 2002, unos 7.000 científicos argentinos ya trabajaban en el exterior.
Recién en 2003 el Estado decidió ir a buscar a los que se habían ido: el programa RAICES repatrió a más de 1.000 científicos hasta 2013 y a cerca de 1.300 hasta 2015, se creó el Ministerio de Ciencia en 2007 y la inversión trepó hasta un pico de 0,66% del PBI entre 2012 y 2015. Fue la única etapa en la que la curva apuntó para arriba, y no por casualidad de esos años salieron las vacunas y los kits de COVID, los satélites de INVAP —que exporta reactores nucleares a Argelia, Egipto y Australia— y los radares que hoy vigilan el cielo y el clima. La ciencia no era un gasto: era una fábrica de dólares, de soberanía y de empleo calificado.
Con Milei, la aguja se fue al piso. La inversión pasó del 0,30% del PBI en 2023 al 0,164% en 2025 y se proyecta en 0,140% para 2026: el mínimo absoluto desde que existe la serie, en 1972. El CONICET perdió más de 2.200 investigadores en dos años y el sistema tiene unas 5.000 personas menos que a fines de 2023. El Gobierno anuló además los PICT, los subsidios a la investigación, con lo que la Argentina quedó como el único país de América sin financiamiento público para la ciencia básica. La diferencia con los ciclos anteriores es de escala y de intención: nunca antes se había perforado tan hondo. Y la matemática es siempre la misma, cruel e inapelable: la motosierra tarda meses; reconstruir lo que destruye lleva una generación.
Yo sé que vendrán caras extrañas…
Si alguien buscaba la postal perfecta del criterio con el que se reparten los cargos, la encontró en el sector nuclear. Ezequiel Acuña tiene 23 años, no terminó ninguna carrera —abandonó Ciencia Política y cursa Derecho— y fue nombrado subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse, con un sueldo que la prensa estimó en más de $13 millones mensuales. Su currículum se resume en una línea: cofundador de La Derecha Diario, el portal militante conocido en X como @elpasante. Su empleo anterior había sido manejar las redes de la TV Pública, en plena ola de despidos. De energía nuclear, física o ingeniería, nada.
No es un caso aislado. Felipe Randle, gerente de Articulación Institucional con estudios secundarios como antecedente; Federico Ramos Nápoli, abogado de 31 años al frente de la flamante Secretaría de Asuntos Nucleares; León Grinspun, abogado con doble silla en la empresa y en el directorio de la CNEA. Todos ellos entran mientras los físicos se van. Y entran justo cuando el Gobierno abrió la privatización parcial de Nucleoeléctrica —la venta de hasta el 44% del paquete— y le encomendó el plan nuclear a Demian Reidel.
Físico graduado en el Instituto Balseiro, magíster en matemática financiera en Chicago y doctor en Economía en Harvard, cofundador del fondo QFR Capital Management —llegó a manejar 4.000 millones de dólares antes de quebrar— y vicepresidente segundo del BCRA durante el gobierno de Macri. En las noches porteñas lo apodan «Satanás». Milei lo puso al frente de Nucleoeléctrica Argentina en abril de 2025, después de haber sido su Jefe de Gabinete de Asesores, cargo que dejó el 17 de julio de ese año «para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino«: la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de las centrales, el impulso a la minería de uranio y la creación de YPF Nuclear.
Su gestión repitió el patrón del resto del organigrama libertario: purgas y sospechas de sobreprecios. En agosto de 2025 despidió a los gerentes de Compras, Jurídico, Obras y Sistemas de Información —«los fueron a buscar con escribano, los sacaron como perros de adentro de las oficinas», contaron testigos de la época—. Meses después, el gerente de operaciones de Atucha I-II denunció ante el Comité de Integridad de la empresa que la contratación de un servicio de limpieza se había pagado un 140% por encima del costo más alto vigente, mientras otra investigación reveló que la migración de un sistema informático de SAP a HANA pasó de un presupuesto inicial de 600.000 dólares a 7.000.000. La tensión escaló hasta las manos: en una reunión de directorio, Reidel llegó a los golpes con su propio segundo, Germán Guido Lavalle.
La causa judicial no tardó en llegar. En mayo de 2026 el fiscal federal Ramiro González lo imputó —a partir de una denuncia del diputado Esteban Paulón basada en un informe que el propio Gobierno presentó ante el Congreso— por gastos con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica entre marzo de 2025 y febrero de 2026: boliches nocturnos en Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías, compras en free shops, hoteles y restaurantes de lujo, y unos 400 adelantos en efectivo por 56 millones de pesos. La investigación apunta a administración fraudulenta, peculado, malversación de fondos públicos y conflicto de intereses. Reidel se presentó espontáneamente ante la Justicia, negó haber hecho gastos personales y sostuvo que el informe difundido era «un agregado» de distintas tarjetas, sin individualizar usuarios. Según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, mientras tanto, acumulaba una deuda personal de 880 millones de pesos —más que sus propios bienes, declarados en 702 millones— y figuraba como deudor moroso categoría 4, de «alto riesgo de insolvencia», pese a cobrar unos 14 millones de pesos mensuales como presidente de la empresa estatal.
El 9 de febrero de 2026, en medio del escándalo por sobreprecios, Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica; lo reemplazó Juan Martín Campos. Pero ya venía golpeado desde antes: en marzo de 2025, ante inversores internacionales en el IEFA Latam Forum, había dicho que «el único problema de Argentina es que está lleno de argentinos». La frase, que le valió un repudio masivo en redes, tampoco se la perdonó puertas adentro Karina Milei, y marcó el principio del fin de su paso por el Gabinete.
El remate final: tierras, satélites y datos
El desguace tiene también su versión inmobiliaria. La Agencia de Administración de Bienes del Estado puso en marcha la venta de hasta 42.000 hectáreas del INTA: arrancó por un predio de 33 hectáreas del ex INTA del AMBA y siguió con campos experimentales emblemáticos como Anguil, Balcarce, Pergamino y Rafaela. Tierras que durante décadas sirvieron para investigar cómo producir mejor, ahora tasadas para el Tesoro y, eventualmente, para el mejor postor.
Sobre ARSAT sobrevuela la privatización, y con ella un premio que casi nadie menciona: quien se quede con la empresa se queda con la llave de los flujos de datos del país, la posibilidad de “pinchar” la fibra. Y en la superficie, el RIGI, el régimen que ofrece estabilidad por 30 años y beneficios impositivos a las grandes inversiones, concentra cerca del 98% de su capital comprometido en energía y minería: Rio Tinto, Posco, Galán Lithium y el combo de Vaca Muerta. El Estado no invierte en su propia tecnología, pero garantiza tres décadas de reglas fijas a quien viene a llevarse el litio.
Nada de esto ocurre en el vacío. En Data Clave venimos documentando la arquitectura legal con la que el Gobierno prepara la entrega: el RIGI y su versión ampliada, el Súper RIGI, que exime de impuestos por 30 años a los mega data centers de inteligencia artificial —con un costo fiscal que la propia Secretaría de Hacienda calculó en más de 8.640 millones de dólares al año—; la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina el tope del 15% a la compra de tierra rural por extranjeros y habilita vender campos incendiados; la concesión de la Hidrovía; y la adhesión a Pax Silica, la alianza del Departamento de Estado que le reserva a la Argentina el papel de proveedora de minerales para la IA. El Observatorio de Tierras de la UBA ya contabiliza más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie equivalente a Inglaterra.
Detrás de ese andamiaje asoma siempre el mismo nombre: Peter Thiel, dueño de Palantir, mentor del experimento Próspera en Honduras —una ciudad privada con sus propias leyes— e integrante del club Dialog, el cónclave de 222 megamillonarios que reveló una hacktivista. Thiel cenó con Sturzenegger y almorzó con Santiago Caputo semanas antes de que esos proyectos entraran al Congreso. Esa es la cara “construcción” del plan. La que contamos hoy es la cara “demolición”: para instalar un enclave privado y extranjero sobre el territorio, la energía, los datos y la renta de un país, primero hay que apagar a quienes podrían medirlo, investigarlo, certificarlo y ponerle un límite.
Leídas juntas, las piezas encajan con una precisión inquietante. Los campos del INTA que salen a remate son el mismo suelo que la ley de tierras quiere liberar. La privatización de ARSAT y el pinchado de la fibra son la puerta trasera a los datos que alimentan los data centers de la Patagonia. El vaciamiento de la CNEA, el INVAP y la CONAE apaga la única capacidad tecnológica soberana capaz de hacerle sombra a esos enclaves. No son expedientes separados: es un solo movimiento con dos manos, una que construye el marco legal y otra que retira a los testigos.
La trama de fondo es siempre la misma: los organismos que investigan y controlan se vacían, y los negocios que ese vacío libera terminan en pocas manos, casi siempre las mismas, casi siempre con un amigo del poder atendiendo de los dos lados del mostrador. Un país de 46 millones de habitantes que, a fuerza de motosierra, cada vez pertenece a menos personas.
Imagen: dataclave
