Coronavirus. La caja de la salud se agota y los gremios comienzan a poner la guardia en alto

El Gobierno negocia desde antes de la pandemia con la CGT el reintegro de $15.000 millones para las prestadoras médicas por expedientes de vieja data relacionados a tratamientos de alta complejidad. Unos $3150 millones serán distribuidos a partir de la semana próxima por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), según se precisó el miércoles pasado en el Boletín Oficial. Con ese gesto, la gestión de Fernández se garantizó la ayuda de los gremios en caso de un colapso en la salud pública en plena pandemia, pero además forzó una tregua entre el jefe de la SSS, Eugenio Daniel Zanarini, y los sindicalistas.

Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, mantuvo hace algunos días un tenso intercambio con Zanarini por el reparto del dinero. Hubo pases de facturas. A Daer le llamaron la atención dos cuestiones, luego corregidas tras la intervención del ministro de Salud, Ginés González García, y algunos dicen también del mismo Presidente. La primera irregularidad detectada por la cúpula cegetista fue el favoritismo hacia la obra social de los camioneros, que preside Hugo Moyano.

La otra polémica se generó cuando se distinguió que la obra social del personal superior de Mercedes Benz recibiría $24.281.387. Esta prestadora, como muchas otras, son consideradas por algunos dirigentes como «sellos de goma». Cuestionan que funcionan como puentes de las prepagas más poderosas, como OSDE o Swiss Medical. En la jerga, se le llama el descreme o desregulación de los aportes. La CGT sospecha que Zanarini jugó para las prepagas cuando ideó el esquema de reparto.

En medio de estas tensiones y con fuertes diferencias, González García, los gremios y los empresarios de la salud activaron esta semana un comité para revisar los alcances del Programa Médico Obligatorio (PMO). «A las prepagas si no les pagás, no te atienden. En cambio, nosotros tenemos la obligación de prestar el servicio por el sistema solidario. Hay un PMO judicial por las demandas que nos comemos», se quejó el presidente de una obra social sindical.

Con la atención puesta casi exclusivamente en el coronavirus, las prestadoras médicas sindicales redujeron su recaudación entre un 25 y 30 por ciento porque hay muchas pymes que no realizaron los aportes por la crisis, según fuentes gremiales. En el caso de Osecac, la obra social de Comercio, que es la más grande, con 1.800.000 beneficiarios, la pérdida sería incluso mayor. Allí, además, tienen bajo supervisión a unos 100 casos propios de coronavirus, de los cuales 15 serían de gravedad. Se tratan todos de empleados de supermercados que viven en el área metropolitana.

La negociación que se abrió ahora entre el Gobierno y los gremios es por el origen del dinero que servirá como compensación por las caídas en la recaudación. En la CGT consideran que esos recursos deberían salir del Tesoro. En la SSS, en cambio, sostienen que son parte del FSR y del fondo de emergencia para afrontar la pandemia, según comunicó el organismo.

Los millones del Fondo Solidario comenzaron a licuarse cuando la CGT pactó en el primer año de la gestión de Macri un reparto escalonado y la activación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un ambicioso plan cuyo objetivo era darle prestación sanitaria a quien no la tiene y reforzar el sistema público. Como parte de aquella distribución, los gremios aceptaron que $14.000 millones sean colocados en bonos a cobrarse en 2020. Se los llamó Bonar. «A los Bonar 2020 nunca los vamos a cobrar ni se van a monetizar. Son solo papeles. No hay plata liquida», se resigna una fuente inobjetable de la CGT que conoce como pocos el rubro de la salud.

También durante el macrismo se había avanzado en una posibilidad de fusionar obras sociales, ya que muchas de ellas por entonces eran económicamente inviables. Esa fue la carta que Jorge Triaca blandió alguna vez como parte de una negociación con la CGT y la CTA. La fusión de obras sociales vuelve hoy a ser una posibilidad ante la crisis. En la CGT reconocen que hay más de una obra social sindical con graves problemas de caja. Una de ellas sería la de los docentes de Osplad, donde se pagan salarios escalonados en cuotas, como sucedió en abril. Osplad depende de la Ctera, donde tallan con fuerza los kirchneristas Hugo Yasky y Roberto Baradel.

En la puerta de la etapa más caótica y peligrosa de la pandemia, con picos de contagios diarios, el Gobierno y la CGT comenzaron el jueves pasado a bosquejar un plan para el día después. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, creyó que los gremios le iban a entregar en mano una suerte de plan Marshall. Pero no hubo nada de eso. Apenas se deslizó la intención de poner en marcha un proyecto nacional de viviendas y se reclamó activar con urgencia el comité de crisis con empresarios y el Estado. «Queremos que cuando pase todo esto los trabajadores estén adentro de las empresas, no afuera», graficó la preocupación un sindicalista. Moroni también dio detalles en el almuerzo en Sanidad sobre su tenso intercambio con Máximo Kirchner por las suspensiones en la fábrica de golosinas de Mondelez. «¿Quién va a querer stockear alfajores por seis meses?», habría relativizado el cortocircuito con el hijo de Cristina.

Esa misma tarde, desde Formosa, Alberto Fernández se refirió al impuesto a las ganancias. Dio señales de que prevé correcciones para favorecer a los sueldos más bajos que son alcanzados por el tributo. En la CGT olfatean que ante el escenario de paritarias a la baja no estaría mal la eximición de Ganancias del medio aguinaldo. Nada está aún definido.