Para evitar una derrota, el Gobierno postergó la sesión para tratar la ley ómnibus en Diputados

Por ahora los números no están. No por lo menos los que espera el Gobierno para aprobar las reformas más cuestionadas de la ley ómnibus. El oficialismo logró que el proyecto tenga un dictamen de mayoría, pero con más disidencias (34) que respaldos (21). Por eso se vio obligado a patear el debate en el recinto para la semana que viene. Aunque el presidente Javier Milei no quiera, necesita tiempo para seguir negociando con el resto de las fuerzas artículos clave como el aumento de las retenciones, los cambios en la movilidad jubilatoria y la delegación de facultades extraordinarias. En medio de la búsqueda de acuerdos, el ministro de Economía, Luis Caputo, se puso impaciente y lanzó una fuerte amenaza a gobernadores y legisladores: “Todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.

El lema “no negociamos, aceptamos sugerencias” ya no lo cree absolutamente nadie. La Libertad Avanza abrió un puente de tiempo hasta el martes de la semana que viene para discutir con los mandatarios provinciales y los diputados aliados las modificaciones al texto. La idea inicial era tratar hoy la ley en el recinto de Diputados y darle media sanción en una jornada maratónica. El plan no se pudo ejecutar, básicamente, porque no hubo acuerdo en puntos centrales del megaproyecto y el debate artículo por artículo hubiera desembocado en un duro golpe para el Presidente.

Las diferencias entre el Gobierno y la llamada oposición “amigable” quedaron expuestas en el plenario de comisiones. El dictamen de mayoría salió con disidencias del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Incluso el radicalismo votó dividido y algunos legisladores del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto firmaron un dictamen propio en minoría.

Las 34 disidencias de los legisladores aliados se centralizaron en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento a las provincias y el mecanismo de las privatizaciones. Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, como el ajuste a los haberes previsionales o la suba a los derechos de exportación del trigo, maíz, carne, soja y productos industriales.

La furia de «Toto»

Las críticas opositoras y las negociaciones empantanadas despertaron la furia de Caputo. «El déficit cero no se negocia», dijo y amenazó abiertamente a los diputados y gobernadores que se niegan a aprobar el texto sin cambios. «Todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado», advirtió el ministro en tono amenazante, para luego aclarar que «no es una amenaza». «Es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico», completó.

La publicación en redes sociales recibió la respuesta de Pichetto -uno de los que firmó el dictamen de mayoría-, quien le recriminó a Caputo no haber tenido la «valentía» de ir a exponer al Congreso y le pidió que deje de «apretar a los gobernadores» e intente «buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos». «Si algo me sobra es valentía», le respondió Caputo y alegó tener «cosas más importantes» que ir al Congreso a defender la ley ómnibus.

Las palabras del titular de la cartera económica tampoco cayeron del todo bien en el radicalismo. «Le recuerdo que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político», advirtió el diputado Rodrigo de Loredo para destacar que los gobernadores y legisladores sí son electos por el pueblo. Y sentenció: «la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones».

Idas y vueltas

Los bloques aliados aceptaron firmar un dictamen con disidencias luego de que el Gobierno haya incorporado un conjunto de cambios, tras una reunión que mantuvieron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio –en nombre de la decena de gobernadores–.

La Libertad Avanza modificó el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales; eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal. Además, acordó que en caso de que se liquiden los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.

Otro tema pactado está referido a la paritaria docente: el Consejo Federal de Educación será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes. Asimismo, se mantendrán el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias, el Estado Nacional y la CABA; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que asiste y financia programas de desarrollo.

Oposición

La bancada de Unión por la Patria, por su parte, obtuvo un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo al proyecto oficial. El bloque peronista se llevó la sorpresa de un diputado tucumano que acompañó al oficialismo (ver aparte). En tanto, los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del GEN, que integran Hacemos, también emitieron dictámenes de minoría, al igual que la izquierda que presentó su propio despacho contra la iniciativa del Gobierno.

Foto: telam