Polémica: ¿Por qué el gobierno nacional cede espacio de publicidad oficial para promocionar a Flybondi?
POLÍTICA Y ECONOMÍA – DENUNCIA
Nuevamente la controvertida aerolínea low cost está en el centro de la atención por los supuestos vínculos con funcionarios del presidente, Mauricio Macri.
Flybondi protagoniza otra polémica a raíz de una publicidad institucional de la Presidencia de la Nación que apareció en los principales diarios nacionales el último sábado. El mismo, promocionaba los viajes en avión con el slogan “Juntos estamos cambiando nuestro país en serio”. Lo llamativo es que en la imagen sobresalía en forma muy destacada una gran fotografía de un avión de la low cost.
La utilización de un espacio de publicidad institucional del gobierno en beneficio de una aerolínea privada disparó la discusión en las redes. Ante esto, estalló la bronca y se propagó con fuerza por las redes sociales. Muchos no tardaron en denunciar que es un delito de corrupción promocionar a una empresa privada con una propaganda pagada con dinero del Estado. Asimismo, se reclamó la intervención de oficio de un fiscal para abrir una causa judicial en la que se investigue lo que se calificó como un “bochornoso escándalo de corrupción público privada que forma parte del vaciamiento de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas”.
Los delitos que presuntamente se habrían cometido serían los de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros.
No es la primera vez que Flybondi y el gobierno nacional son denunciados por presunta complicidad para beneficiar a la low cost con publicidad pagada por el Estado. En marzo de 2018, en medio del caótico debut de la aerolínea en nuestro país, el Poder Ejecutivo dispuso cubrir con publicidad de la aerolínea todas las formaciones de los trenes de las líneas Mitre, San Martín, Roca y Sarmiento. Nunca se pudieron esclarecer los detalles de la escandalosa publicidad, a pesar de las denuncias y publicaciones periodísticas que denunciaban la maniobra.
Sí se confirmó que la orden y autorización provino del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. En ese marco, distintas ONGs anticorrupción y varias agrupaciones de trabajadores aeronáuticos manifestaron que la empresa aérea podría no haber pagado nada, ya que todos los gastos corrieron por cuenta del Estado con dinero público.
Por su parte, los vecinos de Hurlingham, Morón, La Matanza, Tres de Febrero, San Martín y San Miguel nucleados en el colectivo vecinal “Stop FlyBondi”, que se oponen al uso comercial de la base de El Palomar, también denunciaron el hecho con una publicación que se viralizó rápidamente en Facebook y Twitter.
está imputado en una causa penal, que dirige el fiscal federal Di Lello, acusado de ser uno de los verdaderos dueños de Flybondi junto con el ex vice-jefe de Gabinete, Mario Quintana, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (ambos también ya fueron procesados).
Además, desde julio de 2018, rige la solicitud de clausura definitiva del aeropuerto El Palomardonde el mismo fiscal alertó que la justicia debe actuar “antes que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores”.
