Se complica el horizonte judicial del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: las causas en su contra
29/09/2019 19:25 –
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quedó en el ojo de la tormenta pública la semana pasada. En apenas cinco días sumó nuevas denuncias en su contra y sufrió duros cuestionamientos por serios problemas en dos obras que estaban bajo su supervisión. Esta semana no será menos compleja para el funcionario que tiene bajo su órbita política una caja faraónica de $240.000 millones: se esperan ampliaciones de denuncia en su contra.
Dietrich tiene a su cargo un instrumento clave con el que el presidente Mauricio Macri hace campaña: la obra pública relacionada al transporte.
La caja
El ministro de Transporte supervisa una de las cajas más grandes del Gobierno. Según pudo reconstruir El Destape, bajo la órbita del ministro hay $240.000 millones (actualizados al 26 de septiembre).
Esto se compone por el Presupuesto de Transporte ($160.000 millones), un fondo de compensación ($6.500 millones) y los fondos fiduciarios de 2019 (más de $73.000 millones).
El presupuesto de Transporte está integrado por el Ministerio de Transporte, que tiene un crédito vigente de $95.809 millones (se ejecutaron $66.982 millones hasta el momento); y 6 áreas descentralizadas pero que están en última instancia bajo la mirada del ministro. El crédito vigente de cada una es:
1-Dirección Nacional de Vialidad ($57.399 millones)2-Administración Nacional de Aviación Civil ($3.577 millones)3-Agencia Nacional de Seguridad Vial (1.443 millones) 4-Comisión Nacional de Regulación del Transporte (1.310 millones)5- Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (497 millones)6-Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (117 millones) Hasta el momento hay ejecutados del Presupuesto de Transporte $112.558 millones.
Pero el área de Transporte también involucra:
1- El Fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, que fue creado por el artículo 125° de la ley de presupuesto 2019. Suma $6.500 millones.
2- La empresa Corredores Viales S.A.
3- Y los Fondos Fiduaciarios 2019, que son: a) Sistema de Infraestructura del Transporte ($ 72.218 millones); b) Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria ($ 487 millones); y c) Red de Autopistas y Rutas Seguras ($517 millones).
Dietrich supervisa el uso de esta millonaria suma y quedó en la mira del tercer poder del Estado por sus desmanejos.
Corredores Viales
El pasado 5 de septiembre, el fiscal Eduardo Taiano, quien o podría nunca vincularse al kirchnerismo, le dio impulso penal a una denuncia en contra de Dietrich. El funcionario fue imputado junto a Javier Iguacel (extitular de la Dirección Nacional de Vialidad) por la “ampliación ilegal del plazo de los contratos de las concesiones por peaje” en distintos Corredores Viales (fueron el 1,2,3,4,5,6 y 8). Esto implicó que se siguió pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación por valores superiores a los $30.000 millones (según surge de los sistemas de la propia Vialidad).
La mecánica fue la siguiente: los contratos que tenían las empresas concesionarias eran por un plazo de 6 años. Debían vencer el 21 de abril de 2016. Y eran prorrogables 12 meses más. Pero Iguacel emitió una resolución que cambió las reglas de juego ya que extendió las concesiones otros 12 meses más y en caso de no cumplirse el nuevo plazo, hasta que se celebrasen nuevos contratos. Si bien se debía llamar a una nueva licitación, se decidió extender el negocio a las empresas amigas, sin control del Estado, por un plazo indeterminado.
Entre las beneficiadas aparecen Iecsa (empresa que estaba vinculada al primo del Presidente), Esuco, Benito Roggio S.A, etc.
La denuncia la realizó el Sindicato de Trabajadores Viales, el 16 de agosto pasado, y apunta al ministro e Iguacel por los delitos de acción publica, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario publico, mal desempeño y falsedad ideológica.
Ante la imputación penal de Taiano, Macri buscó limpiar la imagen de su funcionario, pero le arrojó un salvavidas de plomo. El martes pasado “estatizó” los corredores viales en cuestión. Pero no hizo más que poner en evidencia la falta de su ministro. Mediante el decreto 659/2019, Macri transfirió esos corredores a la empresa Corredores Viales S.A, que está bajo la órbita del Ministerio de Transporte.
Según informaron desde el sindicato de Trabajadores Viales, que comanda Graciela Aleña, este lunes se ampliará la denuncia penal justamente por este hecho. El juez del caso es Sebastián Casanello.
También, adelantaron, habrá una nueva presentación en el fuero Contencioso Administrativo.
El peaje de Macri
Macri tiene más de una razón para intentar salvar a Dietrich. Ambos, Macri y Dietrich, están siendo investigados en otra causa penal, también de envergadura. Se trata del caso conocido como “Peajes”. Son los que tienen acceso a la Capital Federal.
En este expediente se investiga a Macri; a Dietrich; a Iguacel por su paso por Vialidad; y a la concesionaria del Acceso Norte, la empresa Autopista del Solo (AUSOL S.A), por los delitos e irregularidades advertidos en el proceso de renegociación del contrato de concesión de los peajes concluido en 2018 (tenían el contrato desde el inicio de la década de los ‘90).
Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, AUSOL -a través de su controlante española ABERTIS- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de U$S 1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios. Esa denuncia, segú los legisladores que hicieron la presentación, sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Por decisión de Dietrich e Iguacel, y sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de AUSOL, se dispuso arreglar con AUSOL el pago de U$S 499 millones. Se argumentó que no hubo aumentos tarifarios entre 2002 y 2015.
Para los diputados denunciantes se trató de “un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”.
Entre sus argumentos, citan la posición del Procurador del Tesoro, Carlos Balbin, quien sostuvo que esa presentación fue extemporánea, es decir, que no se debía recurrir al CIADI ya que se habían salteado muchas instancias. El CIADI hizo lugar al recurso de Balbin, quien terminó dejando su cargo.
Para los denunciantes, la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. AUSOL, recordaron, fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.
La maniobra se repitió con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que operaba el Acceso Oeste. En este caso, la suma pactada fue de U$S 245 millones de dólares.
La denuncia por cohecho, incumplimento de deberes de funcionario público y otros delitos, quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención de la Fiscalía 4 de Carlos Stornelli.
Otras denuncias
Dietrich también está siendo investigado en la causa que en que se investiga el Paseo del Bajo. Aquí también están bajo la lupa de la Justicia, Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Se trata de una obra que, tal como publicaron los medios, superó los 650 millones de dólares. Es la obra más cara de la Ciudad. Y estuvo repleta de irregularidades.
Primero: se dividió en tres partes. La parte más cara se la quedó de forma irregular la empresa Iecsa. Segundo: hubo redeterminaciones de precios que rondaron el 70%. Tercero: Rodríguez Larreta logró que se bloquee el control de esa obra que debería ejercer la Auditoría porteña.
La causa judicial donde se investiga todo esto está en manos del juez Claudio Bonadio. No obstamte, tras el resultado de las PASO tuvo avances.
A este caso se suma la causa de “las aéreas”, que acumula 5 legajos distintos. Está radicado en el juzgado federal 12 de comodoro Py, que hoy subroga Canicoba Corral.
Entre los casos que se investigan, se destacan:
1) La presunta contratación estatal de empresas aéreas privadas para viajes presidenciales, sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso, lo que había implicado el pago por montos desventajosos para el Estado.
2) Facilitar el posicionamiento de Avian Lineas Aéreas (vinculada a SOCMA) en el mercado local mediante, por ejemplo, la asignación de rutas aéreas que correspondían a Aerolíneas.
3)La asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas a Fly Bondi en razón de vínculos que sus directivos tendrían con funcionarios nacionales, como lo era al momento de la denuncia, Mario Quintana. La ANAC, por ejemplo, habilitó la participación ciudadana sin que la empresa acreditara su solvencia. Esto llevó al pedido de recusación de Dietrich, algo que Macri rechazó.
4) La reinversión del monto destinado a la adquisición de aeronaves para Líneas Aéreas del Estado (LADE) en el mantenimiento y adquisición de repuestos de aquellas que la aerolínea ya poseía, servicios por los que se habría contratado a Macair Transporte Aéreo SA.
Como si todo esto fuera poco, el pasado martes, Macri y Dietrich, junto a Gustavo Lopetegui y Jorge Faurie, fueron denunciados ante la justicia federal por el delito de Traición a la Patria.
Los funcionarios son acusados de “entregar” soberanía Argentina al Reino Unido en relación a la explotación de recursos naturales, gas hidrocarburos y la libre navegación del espacio aéreo en las Islas Malvinas. La denuncia es contra el decreto 602/2019 que permite la realización de vuelos desde el continente, vía Brasil, al archipiélago austral en aviones de gran porte “violando la soberanía del espacio aéreo”.
A la par, se avizora un nuevo frente judicial para Dietrich por la concesión del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Por caso, por este tema hubo un pedido de interpelación del ministro Dietrich en el Congreso, que fue presentado por los diputados Rodolfo Tailhade y José Luis Gioja.
Los legisladores denunciaron un “direccionamiento notorio” de la licitación para que la gane PSA, una empresa de Singapur “cuyo lobbysta en Argentina es el cónsul del país asiático, Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri”. El pedido aún no prosperó.
Obras en la mira
Con el inicio de la campaña para las elecciones generales, Dietrich volvió al centro de la escena pública con distintas inauguraciones.
No es para menos. El Gobierno busca hacer hincapié en las obras que realiza. Con la dura realidad económica, es lo poco “tangible” que tiene para mostrar.
Pero en los últimos días, esas obras fueron muy cuestionadas.
Al inicio de la semana pasada, un accidente en una obra en el Aeropuerto de Ezeiza puso al ministro de Transporte en aprietos. Se trata del colapso de la estructura tubular de la obra que se está realizando en Ezeiza para reemplazar la Terminal C, que terminó con la muerte del capataz José Bulacio. Algunos de los obreros denunciaron que los apuraron para terminar con la obra para poder mostrarla en la campaña electoral.
Esto habría implicado una superpoblación en el lugar de los hechos.
El ministro desmintió que haya apurado las obras y dijo que la UOCRA estuvo supervisando la obra.
El caso es investigado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el mismo que intervino los teléfonos de la cárcel de Ezeiza de la que surgieron las escuchas de los presos K, que luego alimentaron la causa Operación Puf, que tiene Bonadio.
Al ser consultado por este medio, Villena dijo que hay secreto de sumario.
Otra obra cuestionado durante la semana pasada fue la inauguración en Formosa de un tramo de 20 kilómetros de autovía en la ruta 11.
Según fuentes de Vialidad provincial, el gobierno local tenía firmado con el gobierno anterior hacer 194 kilómetros de autovía en la ruta 11 (concluía en Puerto Pilcomayo). Pero en los casi cuatro años del macrismo solo se hicieron los recientemente inaugurados 20 kilómetros. Son los que van de Tatané hasta el acceso a Tres Marías. Dietrich fue el martes pasado a inaugurar ese trayecto.
Fuentes de la gobernación critican al ministro y aseguran que lo inaugurado es un trayecto muy pequeño y que Formosa, que es gestionada por el peronista Gildo Insfrán, prácticamente fue dejada de lado por la Nación.
El de Formosa se trata de otro caso que evidencia el apuro del Gobierno por mostrarse “haciendo”, en plena campaña electoral. No hay otra explicación para entender que se anuncie como un logro el haber hecho apenas 20 kilómetros de autovía en 4 cuatro años.
