Un plenario de los gremios del transporte ratificó el paro y la marcha del 24 de enero y aseguró que el DNU y la Ley Ómnibus son «a la medida de los intereses de los sectores más concentrados de la economía»
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por el dirigente ferroviario Sergio Sasia, se pronunció por «la unidad, organización y solidaridad en defensa del patrimonio argentino y en rechazo de la cancelación de derechos laborales y sociales». Además ratificó el paro y la marcha del 24 de enero, aunque garantizó «el transporte público de pasajeros hasta las 19» de ese día.
La conducción de la organización, los secretarios generales y las delegaciones regionales de la entidad deliberaron en un plenario nacional y reafirmaron «el total y absoluto rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y a la ley ‘Bases’ elevadas por el Gobierno al Parlamento», afirmó el sindicalista.
Participaron representantes de 41 organizaciones sindicales, quienes ratificaron también su adhesión al paro y a la marcha del día 24 hacia el Congreso, convocadas por el Confederal (CCC) de la CGT.
«Con el espíritu puesto en la tarea de facilitar la concentración y desconcentración de todos los que deseen participar y acompañar la convocatoria, se garantizará el transporte público de pasajeros hasta las 19», sostuvo el comunicado de los dirigentes gremiales.
La CATT dijo que «el Gobierno del presidente Javier Milei pretende desregular en tiempo récord toda la economía, modificar y derogar innumerable cantidad de leyes protectivas del empleo, la salud, la educación y los derechos sociales y previsionales básicos consagrados por la Constitución, amenazando a la industria con la apertura indiscriminada de importaciones, liberando precios y tarifas sin un marco de protección».
También denunció que el Ejecutivo procura avanzar en «la primarización y extranjerización de los recursos naturales, enajenar la propiedad de las empresas públicas y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional, por lo que pretende violar los marcos societarios de propiedad pública que las rigen y ubicarlas a todas a tiro de privatización, incluyendo gran parte del sistema de transporte en sus diversos modos».
«Esas medidas están amontonadas en dos normas que, sin pudor jurídico y de forma desprolija, suman más de 1.030 artículos escritos por varias plumas a la medida de los intereses de los sectores más concentrados de la economía local e internacional. Además, se pretende apoyar su reglamentación y seguimiento en la exigencia de facultades extraordinarias delegadas del Legislativo al Ejecutivo por todo su mandato», puntualizó.
Añadió que los trabajadores «conocen muy bien la gravedad de la amenaza que plantean estos sectores, porque no es la primera vez en la historia del movimiento obrero organizado que es preciso luchar contra quienes quieren colonizar el Estado en beneficio de sus mezquinos intereses y arrasar con los derechos laborales y sociales».
Añadió que «la legitimidad obtenida para ejercer el Ejecutivo mediante un proceso electoral democrático no es argumento suficiente ni justifica avasallar al Parlamento, también legitimado por voluntad popular», y subrayó que «el Congreso debe asumir el rechazo a ambas normas y legislar conforme su mandato las herramientas que vuelvan a posicionar a la Argentina en la senda del pleno desarrollo nacional».
