Por Amado Brancatti, columnista de Mundo Gremial
De las actuales 4449 Leyes vigentes, 417 fueron aprobadas durante la última dictadura entre el 25 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, es decir casi el 10%. Más llamativo es el hecho si nos enteramos que 998 Leyes fueron aprobadas durante gobiernos de facto, es decir, básicamente 1 de cada 4 Leyes vigentes.
Ahora bien, el denominado Proceso de Reorganización Nacional, así como imponía a sangre y fuego el modelo neoliberal mediante el ejercicio de la violencia institucionalmente ejercida, tuvo también un legado siniestro en materia legal. Se cercenó derechos de todo tipo, desde la elemental participación en la vida política y pública, hasta la legitimación de la explotación laboral, pasando por toda una serie de normas que buscaban el disciplinamiento de los trabajadores y la instauración de un modelo que dejaba a estos en una situación desventajosa contra las patronales, legitimando así un statu quo de capitales concentrados y custodios militares en un orden injusto y violento.
Bienvenido entonces el proyecto 0898-D-2023 presentado en estos últimos días por el diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos, para crear una Comisión Bicameral que revise las Leyes aprobadas durante la última dictadura cívico-militar.
Siguiendo tal vez un importante antecedente, el de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar, el diputado Valdés dijo que se busca “dar un contundente mensaje de no impunidad y poner al Congreso a la altura de la historia democrática, removiendo otro de los vestigios de la dictadura militar como es la vigencia de leyes aprobados por fuera del sistema democrático”.
El denominado Proceso tuvo, como nos informa el laboralista Héctor Recalde en un trabajo, una política tendiente a la instauración de un modelo por la fuerza: “la supresión de derechos y el disciplinamiento de los trabajadores organizados fueron concebidos como una herramienta necesaria para imponer un plan económico de corte netamente neoliberal”.
Recalde menciona que, entre otras medidas, el Proceso criminalizó el derecho de huelga y de cualquier tipo de protesta en materia laboral, intervino la CGT, bloqueó los fondos sindicales y de obras sociales; aprobó una Ley (la 21.297) que derogó veintisiete artículos de la Ley de Contratos de Trabajo y modificó otros noventa y nueve.
También el Proceso prohibió las negociaciones colectivas de trabajo, así como se derogaron los convenios colectivos del sector público, entre otras muchas medidas lesivas de los derechos laborales vigentes.
Recordemos que la Ley de Contrato de Trabajo tuvo como principal inspirador al abogado Norberto Centeno, secuestrado y asesinado en el hecho recordado como “la noche de las corbatas”.
Desde esta columna apoyamos la iniciativa de investigar el armazón normativo relacionado con la última dictadura cívico militar, con particular énfasis en aquellas Leyes que se muestran lesivas en los ámbitos económicos, financieros y laborales.
