POSICIÓN DE APTA RESPECTO A LA TERCERA AUDIENCIA POR RUTAS AÉREAS
Ahora, puedo decir, que los pronósticos que hice en la primera audiencia sobre las nefastas consecuencias que tendría la actual Política Aerocomercial, para los intereses de los argentinos y nuestro país, se han cumplido.
El Ministerio de Transporte a través de la Administración Nacional de Aviación Civil, ya otorgó 700 nuevas rutas y, con las que autorizará esta Audiencia, superaran las 1000 ampliamente. La mayoría de los beneficiarios han sido empresas extranjeras. Ha habido casos de operadores con antecedentes en el mercado. También desconocidos sin las necesarias capacidades técnicas y financieras; también hubo aventureros que una vez que consiguieron rutas y valorizaron su inexistente “empresa”, se la vendieron a otra, permitiéndoseles enriquecerse con la especulación y no con inversión genuina. Se benefició a compañías denunciadas por tener vínculos con funcionarios de gobierno, caso FlyBondi, que recibe favoritismo estatal de todo tipo. Se le otorgaron rutas a mega Low Cost como Norwegian, que para operar exigió recibir importantes subsidios estatales provinciales y cambios a su favor en nuestro código aeronáutico, los cuales se les concedieron. Se permitió que operen multinacionales Ultra Low Cost, como Jet SMART. Ambas compañías con respaldo financiero para volar durante largo tiempo vendiendo pasajes a precios de “dumping”, depredar nuestros mercados eliminando a sus competidores, y así monopolizar o tener una posición dominante en las rutas de cabotaje, regional e internacional.
Ya existen sobradas evidencias, que la Política Aerocomercial del Presidente Mauricio MACRI (representando a la coalición gobernante formada por el PRO, UCR y la Coalición Cívica), que ha sido implementada por el Ministro de Transporte Guillermo DIETRICH y el Administrador de la ANAC, Tomás INSAUSTI, fue pensada y está siendo ejecutada para cumplir con los siguientes TRES OBJETIVOS:
1) DESREGULAR LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD AÉREA. Degradar las normas de seguridad aérea argentinas -consideradas un costo empresarial más-, reemplazando las actuales y rigurosas regulaciones aeronáuticas, por otras mucho laxas y menos exigentes. Lo cual está siendo llevado a la práctica por la ANAC. A expensas de aumentar el peligro de volar en la Argentina, tanto para usuarios como para trabajadores aeronáuticos.
2) REFORMAR LABORALMENTE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIAL Imponer a través de las nuevas empresas Low Cost -y también con los cambios mencionados en la normativa aeronáutica-, la flexibilidad laboral, la plurifuncionalidad, la precarización en las condiciones de trabajo, el monotributismo en reemplazo de la relación de dependencia, la baja salarial, la derogación de derechos vigentes en los Convenios Colectivos de Trabajo y, la creación de “sindicatos Low Cost” (sindicatos amarillistas controlados por los empresarios).
3) ELIMINAR A AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. Forzar su achicamiento, quiebra o venta a precio vil a empresas extranjeras como sucedió en los 90. A las dos aéreas propiedad de todos los argentinos, las mayores empleadoras de nuestra actividad aerocomercial mediante trabajo registrado y con el principal centro de mantenimiento y reparación aeronáutica argentino, se las pretende descartar del mercado para entregárselo a las nuevas compañías autorizadas en estas Audiencias; como, a las extranjeras de todas las regiones del planeta, que se les permitió volar hacia y desde el interior de nuestro país, sin convenios bilaterales para las empresas nacionales. A Aerolíneas Argentinas y Austral, les aumentaron extraordinariamente sus múltiples costos en dólares por causas macroeconómicas internas -la suba formidable de esa divisa- y por causas externas, la disparada del precio internacional del barril del petróleo que incrementa el del combustible. Simultáneamente, la Política Aerocomercial les reduce a nivel irrelevante los subsidios públicos (mientras el gobierno permite que les den mayores a las nuevas aéreas extranjeras) y, les impide conservar y ganar mercados de cabotaje, regional e internacional, con la lluvia de importaciones de empresas aerocomerciales que ha autorizado. El locuaz ministro Dietrich se cansó de repetir que ambas empresas iban a crecer, pero solo con mejorar la puntualidad, calidad en el servicio y el número de pasajeros transportados vendiendo pasajes a precio de remate, es imposible hacerlo. La situación empresarial se agrava, porque la conducción que sucedió a Isela Costantini no defiende como lo hacía ella los intereses del Grupo AR, ya sea de la competencia desleal como de las consecuencias de esta Política Aerocomercial. Al contrario, se consideran funcionarios del Ministerio de Transporte -no de Aerolíneas Argentinas y Austral-, carecen de un Plan de Negocios para el crecimiento de las dos compañías, la han achicado levantando rutas y, son funcionales a la falaz “revolución de los aviones” de Macri y Dietrich, antinacional, antindustrial y antilaboral.
La Política Aerocomercial nacional, de la cual esta Audiencia es parte, no se propone desinteresadamente hacer “justicia social”, permitiendo que más argentinos y argentinas viajen vía aérea. Sus auténticos fines, son aumentar exponencialmente las ganancias de los empresarios y, promover la expansión del capitalismo extranjero o de las empresas aéreas extranjeras, en desmedro de las nacionales públicas y privadas.
La verdad ya está descubierta, y se seguirá develando. Desde el funcionario público más encumbrado hasta el último, responsables de esta Política Aerocomercial ruinosa para todos los argentinos y la Argentina -no solo para los trabajadores aeronáuticos-, la historia no los va a absolver.
Y, también para ellos, Comodoro Py y la condena llegaran.
Buenos Aires, 05 de octubre de 2018
Ricardo CIRIELLI
Secretario General
