Massa le come una pieza a Caserio y fortalece su poder en Transporte

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29/05/21 – Energíaytransporte.com.ar

El massista Giuliano desembarca como virtual viceministro, un cargo que iba a ocupar un alfil cordobés. Paro de colectivos en el interior y los bonus de la UTA.

Por Antonio Rossi

El líder de Frente Renovador, Sergio Massa, fortaleció su control sobre el área de Transporte al quedarse con un cargo estratégico que en el tablero político estaba reservado para el sector que encabeza el senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio. Se trata de la Secretaría de Gestión de Transporte que se encuentra vacante desde el primer minuto de 2021 y tiene entre sus funciones y tareas principales ser la autoridad de aplicación y regulación de todos los servicios que prestan los camiones, los colectivos urbanos y de larga distancia y los trenes de pasajeros y cargas.

El elegido para ocupar el puesto de virtual viceministro –que también tendrá bajo su órbita las actividades y decisiones vinculadas con los puertos y las vías navegables—es Diego Giuliano, exconcejal de Rosario y actual subdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

De estrecha relación con el presidente la Cámara de Diputados y referente del massismo santafesino, Giuliano ya desembarcó informalmente en el ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera y se espera que su nombramiento oficial salga a la luz en los próximos días.

Tras el loteo de espacios que el presidente Alberto Fernández puso en práctica para conciliar los intereses de los distintos sectores del Frente de Todos en diciembre de 2019, el sillón de la Secretaría de Gestión de Transporte había quedado en manos del justicialismo cordobés cercano al mandatario que pilotea Caserio.

Ese cargo fue ocupado inicialmente por el exintendente de Alta Gracia Walter Saieg, quien dos semanas antes de que finalice 2020 anunció su salida. Como sustituto, Caserio impulsó al exintendente de La Calera y actual legislador provincial Rodrigo Rufeil, quien nunca pudo obtener el visto bueno de las autoridades de Transporte y de la Casa Rosada para asumir el cargo.

Los cuestionamientos a la llegada de Rufeil se habían focalizado en la investigación que tenía abierta por presunto enriquecimiento ilícito en la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2019 por la entonces diputada nacional Elisa Carrió. Como Caserio no aceptó bajar a Rufeil y reemplazarlo por otro candidato, el cargo estuvo acéfalo durante cinco meses.

En el sector de Caserio minimizaron la llegada de Giuliano, con el argumento de que no se trata de un avance del massismo sino del resultado de un acuerdo previo con el timonel del Frente Renovador. Según los voceros del legislador cordobés, lo que se consensuó fue que el senador declinaba de promover a Rufeil como secretario a cambio de que le dieran otro puesto relevante en las empresas estatales que dependen del área de Transporte.

El nuevo destino de Rufeil sería la presidencia de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), la empresa encargada de la planificación y coordinación de los planes y programas de acción de las ferroviarias estatales TAO (Trenes Argentinos Operaciones), TAI (Trenes Argentinos Infraestructura), Belgrano Cargas y DECAHF (Desarrollo del Capital Humano Ferroviario).

Actualmente la conducción de FASE está en manos de Martín Ferreiro, un técnico que sobrevivió a la gestión macrista de Guillermo Dietrich al que ahora Massa le habría bajado el pulgar para hacerle un hueco al político cordobés. Según los asesores de Caserio, los reparos contra Rufeil quedaron superados a mediados de abril con el certificado que emitió la Fiscalía en lo Penal Económica N°1 en el que se acredita que luego haber pasado tres años de la denuncia de Carrió no se encuentra imputado de ningún delito.

Conflicto salarial

El arribo de Giuliano a Transporte se da en medio de un nuevo conflicto salarial que afecta a los colectivos urbanos del interior del país y que ha redoblado los reclamos de gobernadores e intendentes para que la Nación incremente los subsidios tarifarios que destina a las empresas que prestan servicios fuera de la región del AMBA.

Ante la falta de acuerdo para actualizar los salarios en sintonía con la paritaria cerrada para las líneas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el gremio de la UTA comandado por Roberto Fernández dispuso un paro de actividades que afecta a las principales ciudades del país, justo en medio de las fuertes restricciones de circulación que estableció el gobierno nacional ante el avance de los contagios y decesos provocados por la pandemia del coronavirus.

Los choferes del interior reclaman un ajuste salarial del 37% en tres cuotas de acá a setiembre más un bono no remunerativo de 30.000 pesos, tal como obtuvieron sus colegas del AMBA en el acuerdo salarial firmado a mediados de mayo.

Las empresas provinciales y municipales rechazan cualquier posibilidad de aumento a menos de que reciban una mayor asistencia económica de la Nación que les permita afrontar los mayores costos salariales. Argumentan que siguen siendo discriminadas por una distribución desigual de los subsidios que hacen los funcionarios nacionales en favor de las líneas del AMBA y que los 20.000 millones de pesos anuales de compensaciones tarifarias que están previstos en el Presupuesto para las empresas del interior resultan insuficientes para mantener la prestación de los servicios.

El ministerio de Trabajo convocó para el próximo martes a una nueva audiencia de conciliación para tratar de acercar posiciones, algo que suena bastante difícil si no aparecen los recursos para cubrir las subas salariales en juego.

Mientras tanto, hubo un dato de la paritaria lograda por la UTA que llamó la atención. Se trata los “bonus track” que obtuvo para mejorar las cajas del gremio y de la obra social. Según la letra chica del acuerdo salarial, los trabajadores deberán aportar sobre las sumas no remunerativas que perciben el 3% para la obra social OSCTCP, un 1,5% de cuota sindical y otro 1% de “promoción social”.

A eso se añadió una “contribución extraordinaria” para la obra social a cargo de las empresas equivalente al 2,5% del aumento otorgado y otro “aporte solidario obligatorio” del 1% de las nuevas escalas salariales que deberán tributar los choferes y el personal administrativo de las líneas de colectivos.

Nota Editada en Letra P

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