04/12/2008 03:24
Ambito Financiero - Nota - Economía
- Pág.4
Diputados aprobó con
cambios la expropiación de Aerolíneas
La Cámara de Diputados aprobó
ayer el proyecto de ley que declara a Aerolíneas
Argentinas y Austral de «utilidad
pública» y «sujetas a
expropiación», aceptando algunos
cambios en el proyecto para asegurarse el
voto de bloques aliados como los ex aristas
del SI y Claudio Lozano, los mismos diputados
que hicieron modificar la ley de estatización
de las AFJP para apoyar al gobierno.
Así, cuando comenzó el debate
a las 13, el kirchnerista Mariano West,
presidente de la Comisión Bicameral
que controla el traspaso de las líneas
aéreas al Estado, anunció
que se introducirían algunas modificaciones
al dictamen de mayoría, como la discriminación
de las deudas de las empresas por su origen
y la presentación de un plan general
de negocios para el mediano y largo plazo.
Fueron las garantías que exigieron
los aliados circunstanciales del gobierno
que, si bien aceptaban la expropiación
de las empresas, cuestionan que el Estado
asuma sin discutir la deuda por u$s 890
millones de las dos líneas aéreas.
Seis horas y media después de haberse
iniciado la sesión, la votación
otorgó 152 votos afirmativos y 85
negativos. Gracias a los cambios, el gobierno
tuvo el apoyo del Espacio SI, el Partido
Renovador de Salta, Lozano, Encuentro Popular
y Social, el Movimiento Popular Neuquino
y hasta de Consenso Federal, que responde
a Julio Cobos.
Rechazo
«No vamos a pagar ninguna deuda ilegítima»,
dijo West, para rechazar las críticas
del radicalismo, la Coalición Cívica
y hasta el macrismo, que proponía
expropiar sólo los activos de las
aéreas y dejar que el pasivo se discutiera
en la quiebra judicial de la empresa.
En la defensa del proyecto afirmó
que el gobierno nacional tuvo que hacerse
cargo de la compañía luego
del «abandono» en que la dejó
el grupo administrador Marsans.
El más enérgico fue el diputado
del Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro,
quien pidió que «no se tema
por las amenazas de Marsans, porque el grupo
debería haber cumplido con el servicio
y con el sistema tributario si quisiera
ir a la Justicia». «Marsans
tiene muchos muertos en el placard»,
dijo Basteiro.
La oposición insistió con
que «el rescate de Aerolíneas
beneficia a empresas fraudulentas y carga
a los argentinos de una deuda de mil millones
de dólares».
Para el jefe del bloque de la Coalición
Cívica, Adrián Pérez,
«era más razonable abrir una
nueva empresa que hacer viable una que tiene
una deuda fabulosa».
La misma línea siguió el
justicialista bonaerense Jorge Sarghini:
«El Estado se está haciendo
cargo de las deudas de una empresa en la
que el pasivo supera al activo».
El jefe del bloque radical, Oscar Aguad,
lo siguió: «Hacer cargo a nuestra
sociedad de las deudas de una empresa privada
extranjera por mil millones de dólares
y asumir un déficit operativo de
entre 50 y un poco más de millones
de pesos por mes, no es algo que debe tratarse
alegremente, como si fuera inevitable».
Evaluación
Tras las modificaciones que aceptó
el kirchnerismo, se votó entonces
la declaración de «utilidad
pública sujeta a expropiación
de las empresas Aerolíneas Argentinas
SA, Austral Líneas Aéreas,
Cielos del Sur SA, y a sus compañías
controladas Optar SA, Jet Paq SA y Aerohandling
SA.
Además, se estableció que
el Tribunal de Tasaciones será el
encargado de evaluar los bienes de la empresa
y que en un plazo de 180 días se
deberá presentar ante la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones
un plan general de negocios y una propuesta
estratégica a mediano y largo plazo.
El proyecto ahora pasará al Senado,
pero ni siquiera con la votación
en esa Cámara estará completo
el procedimiento. Como el Grupo Air Comet
Marsans no accedió a la transferencia
al reclamar más de u$s 355 millones
por las compañías mientras
el gobierno plantea un pago simbólico
de un peso, el Estado deberá apelar
a un juicio por expropiación para
terminar el proceso legal. De hecho, el
proyecto aprobado ayer instruye al procurador
del Tesoro a que inicie las acciones legales,
que comenzarán recién cuando
se sancione definitivamente la ley.