21/11/2008 01:35
Crítica - Nota - El País
- Pág.7
españa pidió que se se siga
negociando. el gobierno desoye el reclamo
Se acabaron las sonrisas
por Aerolíneas
Zapatero dejó trascender que “los
acuerdos firmados se tienen que cumplir”.
Cree que sigue vigente el acta acuerdo.
Transporte pidió la intervención
judicial de la empresa. El Congreso ya consensúa
un borrador de ley de expropiación.
El futuro de Aerolíneas
Argentinas comienza a tomar ribetes diplomáticos.
El gobierno de España mandó
un mensaje claro: que se cumpla el acta
acuerdo que prevé una negociación
por un precio de compraventa de acciones.
De lo contrario, que se convoque a un tercer
tasador. El Gobierno desoye el reclamo.
Ya tiene un borrador de ley de expropiación
y pidió en la Justicia la intervención
de la compañía para desplazar
a Marsans de la operación diaria
hasta que el Congreso se expida.
El gobierno español siempre tiene
sonrisas para los Kircher y palabras componedoras.
Pero cuando tiene que mandar un mensaje
no pierde el tiempo.
“Los acuerdos firmados se tienen que
cumplir”, aseguraron ayer fuentes
del gobierno de Rodríguez Zapatero
a distintos medios ibéricos.
Es muy probable que hoy la voz de queja
sea más explícita.
Como todos los viernes, habrá Consejos
de Ministros en Madrid y una posterior conferencia
de prensa de la vicepresidenta Teresa Fernández
de la Vega. La pregunta por el conflicto
Marsans- Aerolíneas seguramente será
de la partida y el gobierno español
ya tiene una respuesta, dijeron fuentes
en España. En la Madre Patria tienen
claro que el Frente para la Victoria es
quien impulsa la expropiación vía
Congreso de la compañía propiedad
del grupo español.
En Buenos Aires, el Gobierno sigue con su
plan. Entiende que la ley que prevé
el rescate de Aerolíneas y Austral
aprobada por el Congreso está por
encima del acta acuerdo de transferencia
de acciones al Estado firmada en julio.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime,
pidió a un juzgado en lo contencioso
administrativo la intervención de
Aerolíneas- Austral. Se amparó
en el código aeronáutico y
en la condición de servicio público
del transporte aerocomercial.
El Gobierno cree que la tensión de
ayer y anteayer entre los representantes
de Marsans y los del Estado dentro las aerolíneas
justificaron la medida. Los españoles
intentaron -sin éxito- en una reunión
de directorio del miércoles imponer
un recorte de poderes al gerente general
Julio Alak, nombrado por Planificación.
Ante el escenario de expropiación
inevitable para los privados, el objetivo
era sumarle más atribuciones a Jorge
Molina, director por Marsans.
El Gobierno devolvió ayer la gentileza,
y Alak le prohibió a Molina la entrada
a su oficina.
Y por nota, le exigió al gerente
financiero, nombrado por Marsans, que no
dé órdenes ni firme cheques
sin su consentimiento.
Con este clima poco ameno de convivencia,
Transporte fue a la Justicia a pedir la
intervención y así correr
de la empresa a todo el directorio, en el
que Marsans tiene mayoría propia.
Se está a la espera del dictamen
judicial. De lograrlo, el Gobierno tendrá
vía libre para tomar decisiones hasta
que se materialice la expropiación.
El borrador de la ley de expropiación
se negocia entre los bloques. El proyecto
tiene siete artículos. Declara a
Aerolíneas y Austral de utilidad
pública, pide la expropiación
de las acciones de Marsans en ambas firmas,
y reconfirma la valuación hecha por
el Tribunal de Tasaciones.
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