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21/11/2008 01:35
Crítica - Nota - El País - Pág.7
españa pidió que se se siga negociando. el gobierno desoye el reclamo
Se acabaron las sonrisas por Aerolíneas

Zapatero dejó trascender que “los acuerdos firmados se tienen que cumplir”. Cree que sigue vigente el acta acuerdo.

Transporte pidió la intervención judicial de la empresa. El Congreso ya consensúa un borrador de ley de expropiación.

El futuro de Aerolíneas Argentinas comienza a tomar ribetes diplomáticos.
El gobierno de España mandó un mensaje claro: que se cumpla el acta acuerdo que prevé una negociación por un precio de compraventa de acciones. De lo contrario, que se convoque a un tercer tasador. El Gobierno desoye el reclamo. Ya tiene un borrador de ley de expropiación y pidió en la Justicia la intervención de la compañía para desplazar a Marsans de la operación diaria hasta que el Congreso se expida.

El gobierno español siempre tiene sonrisas para los Kircher y palabras componedoras. Pero cuando tiene que mandar un mensaje no pierde el tiempo.

“Los acuerdos firmados se tienen que cumplir”, aseguraron ayer fuentes del gobierno de Rodríguez Zapatero a distintos medios ibéricos.

Es muy probable que hoy la voz de queja sea más explícita.

Como todos los viernes, habrá Consejos de Ministros en Madrid y una posterior conferencia de prensa de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. La pregunta por el conflicto Marsans- Aerolíneas seguramente será de la partida y el gobierno español ya tiene una respuesta, dijeron fuentes en España. En la Madre Patria tienen claro que el Frente para la Victoria es quien impulsa la expropiación vía Congreso de la compañía propiedad del grupo español.

En Buenos Aires, el Gobierno sigue con su plan. Entiende que la ley que prevé el rescate de Aerolíneas y Austral aprobada por el Congreso está por encima del acta acuerdo de transferencia de acciones al Estado firmada en julio.

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pidió a un juzgado en lo contencioso administrativo la intervención de Aerolíneas- Austral. Se amparó en el código aeronáutico y en la condición de servicio público del transporte aerocomercial.

El Gobierno cree que la tensión de ayer y anteayer entre los representantes de Marsans y los del Estado dentro las aerolíneas justificaron la medida. Los españoles intentaron -sin éxito- en una reunión de directorio del miércoles imponer un recorte de poderes al gerente general Julio Alak, nombrado por Planificación.

Ante el escenario de expropiación inevitable para los privados, el objetivo era sumarle más atribuciones a Jorge Molina, director por Marsans.

El Gobierno devolvió ayer la gentileza, y Alak le prohibió a Molina la entrada a su oficina.
Y por nota, le exigió al gerente financiero, nombrado por Marsans, que no dé órdenes ni firme cheques sin su consentimiento.

Con este clima poco ameno de convivencia, Transporte fue a la Justicia a pedir la intervención y así correr de la empresa a todo el directorio, en el que Marsans tiene mayoría propia. Se está a la espera del dictamen judicial. De lograrlo, el Gobierno tendrá vía libre para tomar decisiones hasta que se materialice la expropiación.

El borrador de la ley de expropiación se negocia entre los bloques. El proyecto tiene siete artículos. Declara a Aerolíneas y Austral de utilidad pública, pide la expropiación de las acciones de Marsans en ambas firmas, y reconfirma la valuación hecha por el Tribunal de Tasaciones.

 

 

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