21/11/2008 01:36
Crítica - Nota - El País
- Pág.7
a 19 años del decreto, menem y cavallo
deben dar explicaciones
La privatización,
“viciada desde su orígen”
Diecinueve años después de
la firma del primer decreto por la privatización
de Aerolíneas Argentinas, y en medio
de la discusión del Gobierno con
la empresa Marsans por la reestatización,
la Cámara Federal de Apelaciones
firmó ayer una resolución
cuestionando la legalidad de todo el proceso
de venta de la aerolínea de bandera.
Por esta razón, los miembros de la
Sala I piden el llamado a indagatoria del
ex presidente Carlos Menem, el ex ministro
de Economía Domingo Cavallo y el
actual presidente del directorio de la compañía,
Horacio Pedro Fargosi.
Las acusaciones van desde administración
fraudulenta para algunos ex directivos de
la empresa hasta peculado, para los ex funcionarios.
Si los encontraran culpables, la pena podría
ser de diez años de prisión,
y por su gravedad impide la prescripción
al tratarse de funcionarios públicos.
En concreto, el escrito dice que la aerolínea
no fue vendida, sino que fue robada por
el Gobierno de turno y entregada a una empresa
–en un principio Iberia– que
obtuvo múltiples beneficios y que
no cumplió ninguna de sus obligaciones:
“El proceso de privatización
de la firma Aerolíneas Argentinas
(...) se exhibe diseñado desde el
comienzo como una maniobra tendiente a perjudicar
las arcas del Estado nacional, sustrayendo
bienes de carácter público”.
Las ilegalidades –que todavía
no habían sido profundizadas en la
Justicia– aparecen en el texto de
una manera abrumadora. Según la resolución,
se constató la omisión de
una tasación precisa de la empresa,
se encontraron posibles pagos de coimas,
y tenía, además, problemas
de constitución desde su origen:
la compañía se privatizó
como una sociedad con participación
minoritaria del Estado, una figura que no
existe.
En aquella época, un diputado realizó
un amparo contra la irregularidad, un juez
le dio la razón, pero la Corte Suprema
saldó la discusión aceptando
el primer per saltum en su historia. El
entonces ministro de Obras Públicas,
Roberto Dromi, había pedido su intervención,
y la Corte menemista dijo que el legislador
no estaba en condiciones de hacer ese amparo,
permitiendo así el blindaje legal
que la privatización necesitaba para
nacer.
Esta causa –que podría cambiar
el contexto legal de la reestatización
de Aerolíneas– comenzó
en 1990 por una denuncia del abogado Alejandro
Olmos y se convirtió en un megaexpediente
por la acumulación de presentaciones
realizadas por legisladores, abogados y
sindicalistas. En un principio el juez era
Carlos Liporace, pero con su salida de la
Justicia, cayó en manos de Jorge
Ballestero –hoy camarista–,
quien sobreseyó a los imputados en
2006. Entre ellos no estaban ni Menem ni
Cavallo sino funcionarios de tercera y cuarta
línea, y algunos miembros del ex
directorio. El fiscal Carlos Rívolo
apeló los sobreseimientos que ayer
revocó la Cámara Federal para
impulsar la investigación y ordenar
indagatorias.
El escrito divide en dos partes los hechos.
La primera es la privatización, la
segunda, la administración.
Diecinueve años después del
decreto de privatización, la Justicia
considera que hay elementos para probar
“el vaciamiento de Aerolíneas”.
|