22/11/2008 05:11
La Nación - Nota - Economía & Negocios - Pág.1
Una gran puesta en escena

Habían pasado seis horas desde que el vicepresidente Julio Cobos había pateado el tablero político con su voto "no positivo" a la aplicación de retenciones móviles a la exportación de granos. Era la madrugada del 17 de julio.

En el Ministerio de Planificación Federal, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los apoderados de Marsans se daban la mano y sonreían mientras presentaban el acuerdo que habían sellado para vender Aerolíneas Argentinas y Austral al Estado.

El Gobierno había apurado un contrato para poder dar un golpe de efecto en la misma mañana en la que el país se desayunaba con el inesperado rechazo a la resolución 125, que imponía las retenciones móviles.

Fue el inicio formal de una puesta en escena que ayer sumó un nuevo capítulo. Ninguno de los que se daban la mano aquella convulsionada mañana creía en lo que había firmado. El Estado jamás tuvo intención de pagar más que un valor simbólico por las dos compañías y en Marsans, más allá de las risas que en público se prodigaban los ejecutivos con Julio De Vido, sabían que lo que habían firmado nunca sería una compraventa convencional.

Así empezó el desaguisado. Días más tarde, la Casa Rosada envió el proyecto de ley para que el Congreso aprobara la compra de la empresa.

El texto de la iniciativa contenía algunos argumentos que dejaban tan mal parados a los españoles de Marsans, por su fallida gestión, como al propio Gobierno, por sus paupérrimos controles sobre el sector.

Todo se desvirtuó. Los españoles empezaron a ver como cierta la posibilidad de que les expropiaran la firma y el Estado empezó a hacer rodeos surrealistas como para no obedecer el contrato de compraventa que había firmado meses atrás.

Lo de ayer fue otro capítulo más. Desde las 14 hasta las 14.45 Ricardo Jaime estuvo en las oficinas de Aerolíneas, en Lavalle y Bouchard, para notificar una decisión judicial, una tarea que hacen los oficiales notificadores y no los secretarios de Estado.

El funcionario se encargó de que lo arropara una gran cantidad de medios, locales e internacionales, para mostrar el avance judicial sobre la empresa. Subió a las oficinas de la empresa y bajó sonriente. "La Justicia ha dispuesto la intervención de las compañías", dijo el secretario. La Nacion preguntó si era una intervención judicial o si era un veedor. "Bueno, se trata de un veedor", afirmó.

La diferencia no es menor. Mientras una, la intervención, es una medida mediante la cual la Justicia se hace cargo de la operación de la empresa, la otra, la colocación de un veedor, sólo faculta al funcionario judicial designado a "meter las narices" en la empresa como para confeccionar un informe y enviarlo al juez. Sólo eso, nada de tareas de gestión.

Fue otro capítulo más, en el que participaron actores protagónicos como Jaime o el secretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens. Desde la platea pocos creen en el libreto que repiten los protagonistas. El fin de la obra ya está escrito y seguramente será una expropiación.