23/11/2008 04:40
La Nación - Nota - Política
- Pág.10
Imparable ola de renacionalizaciones
>El avance oficial sobre Aerolíneas
y la estatización de las AFJP confirman
una política de intervención
que abarca una docena de firmas
Diego Cabot y Francisco Olivera
LA NACION
Las estatizaciones del sistema previsional
y de Aerolíneas y Austral son el
último paso de un proceso extraordinario,
nunca antes visto en el país, que
dejará en la historia a Néstor
y a Cristina Kirchner como líderes
de gobiernos compulsivamente compradores
de empresas. En casi seis años de
gestión, a través del Estado
o alentando a firmas de capital nacional,
el matrimonio revolucionó al mundo
corporativo con nacionalizaciones o cambios
de dueños en una docena de compañías.
Otras siete han podido, pese a los intentos
y hasta ahora, resistir. Pero la tendencia,
de dudosa transparencia y pródiga
en presiones desde el poder, es ya una queja
recurrente en el sector privado argentino.
El avance del Gobierno quedó plasmado
en sectores fundamentales de la economía
como la energía, el transporte y
los servicios públicos. En algunos,
con estatizaciones directas. El espacio
radioeléctrico, que perteneció
a Thales Spectrum; el servicio de aguas
y cloacas, controlado hasta 2006 por Aguas
Argentinas; el correo, de Francisco Macri;
los ramales ferroviarios San Martín
y Belgrano Cargas; Astilleros Tandanor,
y, ahora, seguramente, Aerolíneas
Argentinas y Austral.
El Estado logró también,
de manera parcial, participación
en la transportista eléctrica Transener
y en Aeropuertos Argentina 2000. Algo parecido
a lo que ocurrirá tras la estatización
del sistema previsional, que le reportará
acciones en alrededor de 40 empresas privadas
(ver aparte).
Una decena de empresas privadas ha recibido
ofertas de compra tras largos períodos
de presión estatal que incluyeron
inspecciones, retrasos tarifarios, controles
de precios y una virtual asfixia del hombre
más temido por los hombres de negocios:
Guillermo Moreno, secretario de Comercio
Interior. Coincidencias llamativamente frecuentes
en los últimos seis años.
Algo de todo esto fue intuido por el ex
ministro Roberto Lavagna en noviembre de
2005, cuando se fue del Gobierno con la
denuncia de un "capitalismo de amigos".
La certeza de Lavagna, que fue transmitida
en el invierno de 2005 a varios dirigentes
empresariales, era que se desgastaba a las
compañías porque se buscaba
participación en muchas de ellas.
La sospecha forma parte de la presentación
que la líder de Coalición
Cívica Elisa Carrió hizo días
atrás en la Justicia, cuando acusó
a Néstor Kirchner de encabezar una
asociación ilícita.
El 27 de noviembre de 2007, Juan José
Aranguren, presidente de Shell, entendió
también parte de toda esta historia.
Tenía sentados en su despacho a Claudio
Di Paola, director de la estatal Enarsa,
y a Teddy Batista, presidente de Epsur,
la petrolera de Lázaro Báez,
un empresario muy cercano al kirchnerismo.
Batista y Báez le ofrecieron ese
día directamente comprar los activos
de Shell, según afirmaron a LA NACION
ejecutivos que conocieron el episodio.
Aranguren contestó que no. Venía
de soportar tres años de penurias:
un llamado al boicot de Néstor Kirchner,
bloqueos de piqueteros de Luis D´Elía
en 33 estaciones de servicio de la marca,
una clausura parcial en la refinería
de Dock Sud, un pedido de prisión
para él y todo el directorio de Shell,
inspecciones diarias, multas por 180 millones
de pesos, frenos de exportaciones de nafta,
el retiro de un gasoil premium del mercado
y 57 causas judiciales en su contra por
las que todavía debe responder.
El boicot había sido, en realidad,
el resultado de otra operación fallida
de venta de los activos de Shell a Petrobras
y a la chilena Enap tres años antes.
En diciembre de 2004, enterado de las intenciones
de Shell, el Gobierno propuso entonces el
ingreso de la venezolana Pdvsa como comprador.
Aquella propuesta tuvo un enemigo excluyente,
el propio Aranguren, que convenció
a la casa matriz de que la intromisión
del Estado argentino -que debía aprobar
la operación mediante la Comisión
de Defensa de la Competencia- disminuiría
el valor del activo a niveles ínfimos.
En febrero de 2005, Shell les comunicó
a los interesados que no vendería.
Y un mes después, el 8 de marzo,
anunció que aumentaba entre 2,6 y
4,2% el precio de las naftas y el gasoil.
La medida desencadenó la furia de
Néstor Kirchner, que llamó
a la población a no comprarle a la
petrolera"ni una lata de aceite".
Aranguren se convirtió así
en el enemigo N° 1 del Gobierno.
Algo idéntico le ocurrió
a Esso. En septiembre de 2007, la controlante
de la petrolera, la norteamericana Exxon
Mobil, inició conversaciones con
Petrobras para vender su filial en la Argentina.
Los trascendidos de la operación,
que Exxon Mobil había encargado al
banco JP Morgan, llegaron a la Casa Rosada,
desde donde partió, según
tres ejecutivos involucrados, un mensaje
terminante para ambas petroleras: el Estado
no estaba de acuerdo.
Enseguida, como casi siempre en esta clase
de conflictos durante los últimos
años, proliferaron las propuestas
privadas argentinas. Por ejemplo, Ernesto
Gutiérrez, presidente de Aeropuertos
Argentina 2000, dijo públicamente
en ese momento que tenía intenciones
de comprar Esso. También ofertaron
el grupo Sadesa -controlado por los empresarios
Carlos Miguens, Eduardo Escasany, Guillermo
Reca, Juan Casas, José Malbrán
y la familia Caputo- y Marcelo Mindlin,
dueño del grupo Dolphin y de Edenor.
La respuesta y el argumento de Exxon Mobil
fueron los mismos que los de Shell: no se
vende. ¿Por qué no vendieron?,
preguntó en marzo de este año
LA NACION a uno de los ejecutivos que participaron
de las negociaciones. "El precio. Se
ofreció muy poco. Y la única
compañía que tenía
un cheque grande, Petrobras, fue excluida
por presión del Gobierno. Desde Exxon
comunicaron que no estaban dispuestos a
vender a esos precios y retiraron la operación
del mercado".
Traspaso frustrado
Fue la tercera adquisición que no
conseguía Petrobras en pocos años
en el país. Meses antes, la estatal
brasileña había tenido que
devolverle al fondo de inversión
Eton Park una seña de 11 millones
de dólares por el 50% de la transportadora
Transener. El traspaso se frustró
tras un dictamen desfavorable de Defensa
de la Competencia y un informe negativo
del Ente Nacional Regulador del Electricidad
(ENRE).
El ministro de Planificación, Julio
De Vido, explicó en ese momento las
razones del ENRE, un ente autárquico:
"No veía conveniente que dos
fondos de inversión [el otro controlante
de Transener era el grupo Dolphin] manejaran
una empresa tan trascendente para el sistema
vital energético argentino, si el
otro 50% la gerenciaba una empresa de ingeniería
vinculada con el sector".
Días después, el Gobierno
aprobó el ingreso de los dos nuevos
compradores del 50% de Transener: la estatal
Enarsa y la cordobesa Electroingeniería,
una firma de recurrente presencia en la
obra pública argentina. Uno de sus
principales socios, Gerardo Ferreyra, es
un militante político que compartió
la prisión con el hoy secretario
de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
Otras operaciones están todavía
en proceso de concreción. Hace tiempo
que Pascual Mastellone, dueño de
La Serenísima, tiene un comprador
natural para la compañía,
la francesa Danone, con la que comparte
el uso de la marca. Las cosas no están
bien: en los primeros nueve meses de este
año, La Serenísima llevaba
perdidos 110 millones de pesos en relación
con el mismo lapso de 2007. La principal
queja de Mastellone es la demora en el pago
de las compensaciones, dispuestas por el
Gobierno a cambio de la fijación
del precio de la leche. El subsidio ha llegado
a acumular retardos de hasta cuatro meses.
El funcionario con quien Mastellone debe
negociar casi a diario no es, hay que decirlo,
un encanto de las buenas maneras: Guillermo
Moreno. Ejecutivos cercanos a ambas partes
reconocieron a este diario que, por lo menos
en cinco oportunidades, el secretario invitó
al empresario a sentarse a negociar con
posibles compradores, si alguna vez decidiera
desprenderse del activo.
La propuesta más concreta le llegó
hace unos meses, cuando Eduardo Elsztain,
dueño del grupo IRSA, a través
de Cresud, se interesó por La Serenísima.
Por diferentes cuestiones, dijeron a este
diario dos ejecutivos protagonistas del
asunto, las conversaciones quedaron congeladas.
Los rumores de posibles compradores alcanzaron
también al grupo Eskenazi, dueño
del Banco de Santa Cruz, de la constructora
Petersen y los bancos de Entre Ríos,
Santa Fe y San Juan.
Elsztain arrastraba otro proyecto esquivo.
A mediados de 2007, enterado de que Repsol
YPF quería desprenderse de una parte
de su filial argentina, le transmitió
a De Vido la pretensión de ingresar
en la petrolera junto con un grupo de inversores.
Lo mismo hizo, casi al mismo tiempo, Eduardo
Eurnekian. Ambos recibieron un mensaje lapidario
desde el poder: el comprador está
elegido. Era el grupo Eskenazi, hoy dueño
del 15% de YPF.
El proceso incluyó el retiro del
país de holdings de peso internacional
que decidieron no desembolsar un centavo
más en ningún otro rubro.
En 2005, Electricité de France, la
empresa eléctrica más grande
del mundo, le vendió Edenor y algunas
generadoras al grupo Dolphin, de Marcelo
Mindlin. Tiempo antes, el grupo Werthein
había ingresado en Telecom, controlada
por France Telecom y Telecom Italia. Hoy
los franceses conservan sólo una
participación residual.
Hubo, con todo, varias compras inconclusas
más. Edelap se sorprendió,
el martes 29 de abril pasado, ante un acto
organizado por el ENRE en La Plata que la
excluía como invitada, a pesar de
ser el único operador de distribución
eléctrica del área. La intención
gubernamental era abrir oficinas del organismo
en esa ciudad; proliferaron, durante toda
la mañana, fuertes críticas
a la empresa y un rumor alentado desde el
propio Ministerio de Planificación:
se le quitaría la concesión
a la distribuidora.
Controlada por el grupo norteamericano
AES, Edelap era el único actor ausente
en la celebración. Ese día,
el mercado eléctrico argentino le
conoció la voz al entonces director
del ENRE, Mario de Casas, un técnico
de bajísimo perfil que se fogueó
con un discurso de corte político.
Poca regulación
Desde hace cinco años, ninguna mosca
vuela en los entes reguladores argentinos
sin autorización de la Casa Rosada.
La Argentina energética venía
de sufrir cortes de suministro en todas
las distribuidoras (se habían aplicado,
meses antes, interrupciones programadas
durante 69 días a las industrias),
pero De Casas habló ese día
específicamente de Edelap, a la que
acusaba de un apagón en marzo.
Néstor Barloa, subsecretario general
de la Capital Federal de Luz y Fuerza, insistió
ante este diario en una comparación
insidiosa: "Con Segba estábamos
mejor. Todo el tendido del área fue
hecho por Segba. AES es un desastre".
La rescisión del contrato, que había
sido pedida públicamente, semanas
antes, por el intendente de La Plata, el
kirchnerista Pablo Bruera, no se concretó
nunca. Pero AES recibió a los pocos
días una propuesta de compra de Electroingeniería.
La negociación se interrumpió
a las pocas semanas por las dificultades
del conflicto agropecuario.