24/11/2008 01:55
Ambito Financiero - Nota - Política
Revancha argentina
España aguó la fiesta en
Mar del Plata por la Davis. En el gobierno
nadie juega tenis, pero siguieron de cerca
el evento. Planean desquite: mañana
comienza a tratarse en Congreso la expropiación
de Aerolíneas.
El kirchnerismo comenzará a debatir
hoy en Diputados el proyecto que dispone
la declaración de utilidad pública
a un valor de $ 1 (con la consiguiente posibilidad
de expropiar) de Aerolíneas Argentinas
y Austral. La redacción de ese proyecto
se terminó de pulir el viernes pasado,
después de que Agustín Rossi,
jefe de la bancada kirchnerista, visitara
a Carlos Zannini, secretario de Legal y
Técnica de la Presidencia, el jueves
pasado para presentarle el texto que elaboraron
junto al bonaerense Mariano West. El apuro
por votar el proyecto es tal que los kirchneristas
quieren emitir el dictamen de la expropiación
de Aerolíneas entre hoy y el miércoles
y votarlo en el recinto de Diputados en
un plazo no mayor de una semana.
Mientras tanto, el gobierno tampoco pierde
el tiempo en la Justicia. El viernes pasado,
el juez federal Esteban Carlos Furnari dispuso
la intervención judicial del grupo
Aerolíneas Argentinas y designó
como veedor e informante al contador José
Luis Perrone, de acuerdo con el fallo distribuido
en la sede de la línea aérea
por el propio secretario de Transporte,
Ricardo Jaime.
El fallo de la Justicia contiene dos aspectos
resolutivos, por un lado la designación
del veedor y, por el otro, la declaración
de no innovar, que significa la ratificación
de todo el directorio y la confirmación
del gerente general, Julio Alak, quien además
es el representante del Estado.
La medida judicial fue dictada a pedido
de la Secretaría de Transporte, luego
de que el sector mayoritario del directorio
controlado por la empresa española
Marsans se negara en dos oportunidades a
capitalizar o a producir «el reintegro
del capital necesario» para el normal
funcionamiento de Aerolíneas y Austral.
El mismo viernes se conoció que
el Grupo Marsans le dio un plazo final al
gobierno argentino para llegar a un acuerdo
sobre la transferencia de las acciones,
antes de demandar a la Argentina ante el
Centro Internacional de Arbitraje de Disputas
de Inversiones del Banco Mundial, popularmente
conocido como CIADI. Mediante una carta
dirigida a Cristina de Kirchner, se le anunció
a la Presidente cuáles serán
los próximos pasos legales si la
« solución amistosa»
no se produce en una semana.
