14/11/2008 01:22
Crítica - Nota - El País - Pág.10
el gobierno piensa una intervención “amistosa”
Te saco de Aerolíneas pero con onda

La administración K prepara a fuego lento la intervención o expropiación de Aerolíneas Argentinas. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, obtuvo de una comisión bicameral del Congreso un pedido de acción implícito en esta línea. Los legisladores prometen avanzar con una expropiación. Como última carta antes de este paso, la estrategia es forzar a los españoles a una salida “amigable” o negociada antes de fin de año por la fragilidad financiera de la empresa.

La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, representada ayer sólo por legisladores oficialistas o alineados, dejó la mesa servida. Emitió dos dictámenes: uno que aprueba la valuación realizada por el Tribunal de Tasación de la Nación ($2.540 millones negativos). Rechazó la de Marsans, encargada al banco Crédit Suisse, de la que el secretario se mofó. “Pensé que era un banco y no una sastrería, porque hicieron un traje a medida”. La entidad fijó para Aerolíneas un valor entre 0 y 60 millones de dólares y entre 250 y 350 millones de dólares para Austral.

Además, la comisión le solicitó al Poder Ejecutivo que arbitrara las medidas necesarias para asegurar el servicio de Aerolíneas Argentinas y Austral y decidió citar para la próxima semana a representantes de Marsans.

Los empresarios deberán concurrir a la comisión la próxima semana; si no lo hacen, los legisladores avanzarán con una resolución sobre el destino de la empresa.

Así Jaime cumplió con la ley estatizadora en lo que respecta a la autorización parlamentaria del precio de la empresa y con el otro dictamen logró el respaldo implícito del Parlamento para una intervención que ahora busca ser acordada con Marsans. Los legisladores del oficialismo que integran la comisión explicaron que la idea es que la comisión emita una recomendación al plenario del Senado y de la Cámara baja, en aproximadamente quince días.

Esa recomendación apuntaría a indicar la conveniencia de la expropiación de la empresa, en caso de que los fundamentos de Marsans ante la comisión no resulten satisfactorios, según confiaron fuentes parlamentarias.