22/10/2008 02:10
Página 12 - Nota - Economía
ECONOMIA › MARSANS AMENAZA CON HACER
ABORTAR LA VENTA DE AEROLINEAS POR DIFERENCIAS
DE PRECIO
“Redimensionando, sobran
interesados”
>Desafiantes, los directivos de la empresa
accionista española rechazan que
la valuación la haga un organismo
oficial, como ordenó el Congreso.
Ni siquiera le reconocen valor de pago a
cuenta a los aportes del Estado para que
funcione.
Por Cledis Candelaresi
Si el Gobierno no se aviene a nombrar un
tercero imparcial que imponga un precio
por Aerolíneas Argentinas y Austral
–e insiste en que el valor sea impuesto
por un organismo oficial a instancias del
Parlamento–, Marsans amenaza con abortar
la reestatización negándose
a vender. “En ese caso, tendríamos
que aplicar un plan de negocios para achicar
costos y ofrecerla por nuestra cuenta. Sobran
interesados para una compañía
redimensionada”, asegura ante Página12
el español Eduardo Aranda, adjunto
a la presidencia de la privatizada. La sentencia,
avalada por otros directivos de la compañía,
fue formulada poco antes de la reunión
prevista para ayer con Ricardo Jaime, secretario
de Transporte, con miras a destrabar aquella
operación. Su dilación continúa
destrozando los números de la línea,
que a decir de los socios ibéricos
hoy pierde 2 millones de dólares
por día. En este contexto, el Estado
es el único que está haciendo
millonarios aportes para sostenerla. Dinero
que, a juicio de los accionistas privados,
tienen el carácter de “aportes
solidarios”.
La brecha entre los 832 millones de dólares
“negativos” fijados por el Tribunal
de Tasación como valor “sustantivo”
(surge de diferencia entre activos y pasivos)
o los 622 millones en rojo que resultan
de aplicar el método de flujo de
fondos (que evalúa el negocio a futuro,
según ciertos parámetros)
son irreconciliables con el valor de 350
millones de dólares que estimó
el Credit Suisse, contratado por Marsans
para la cotización. Claro que el
banco puso ese número fundamentalmente
para Austral y reconoció que el de
Aerolíneas no superaría los
60 millones de dólares en el mejor
escenario. De ahí la propuesta de
Marsans de “ceder” esta última
a cambio de retener la primera.
El acta acuerdo firmada a fines de julio,
que el Parlamento se negó a ratificar,
previó la convocatoria de un tercero
para laudar en caso de diferencias. Pero
mientras los firmantes, Marsans y Planificación,
discuten esa alternativa, legisladores de
la oposición cuestionaron judicialmente
ese documento con el argumento de que Jaime
y De Vido se extralimitaron en sus funciones
al rubricarlo y, por consiguiente, lo consideran
nulo. La ley de reestatización, que
prevé la compra de acciones de parte
del Estado, no contempla que los españoles
tallen a la hora de fijar el precio. Según
la norma, eso es competencia de aquel Tribunal
estatal y la Auditoría General de
la Nación, cuya labor tiene que ser
luego avalada en el recinto. En este sendero,
la opinión privada no cuenta.
Los españoles quieren irse pero
no sin dinero. Se conforman con menos de
lo que indicó el Credit Suisse, pero
saben que el camino parlamentario entraña
el serio riesgo de que estas expectativas
también sean defraudadas. El Ciadi
es un recurso de última instancia
y largo plazo que tampoco les seduce, aunque
lo usan como herramienta de presión
y juntan elementos para eso. “El grupo
perdió 400 millones de dólares
en dos años porque el Gobierno no
aplicó las medidas contempladas en
el decreto de emergencia aerocomercial (suba
de tarifas y desgravaciones diversas)”,
se queja el director privado Diego Fargosi,
para quien ese número bien puede
fundar un eventual reclamo indemnizatorio
ante un tribunal internacional.
En virtud de una prórroga de hecho
de aquella acta acuerdo, hoy la empresa
está gerenciada por Julio Alak, con
la asistencia de representantes privados.
Algo razonable si se atiende que, para garantizar
la operatividad de las líneas aéreas,
el Estado aportó desde el 11 de julio
a la fecha el equivalente a unos 700 millones
de pesos, aunque sin que esté precisado
en condición de qué se formalizó
esta contribución. “Fue un
aporte solidario hecho por el socio minoritario”,
interpretaba ayer Jorge Molina, director
por el grupo hispano y ex vocero de la compañía.
“Ese dinero no es un préstamo,
porque la empresa no está en condiciones
de devolverlo y, por lo tanto, no lo hubiera
tomado. Y tampoco lo puede capitalizar,
porque para ello debería convocar
a una asamblea de accionistas en la que
Marsans es mayoría (tiene el 95 por
ciento de las acciones)”, añade
Molina. Una verdadera provocación
en el contexto de búsqueda de un
acuerdo.
Planificación busca un acuerdo,
ya que la consigna impartida desde la Casa
Rosada es no ir a ningún extremo
que tense el vínculo bilateral con
España. En el tránsito todo
vale y por eso hay funcionarios que imaginan
hasta judicializar esta partida, denunciando
a la gestión ibérica por supuesta
evasión impositiva.
Aun así, hay esperanzas de fumata,
al punto de que se avanzó hasta en
el diseño de la nueva imagen de la
línea aérea reestatizada y
en un plan de negocios basado en una flota
bimarca, con la norteamericana Boeing y
la brasileña Embraer.