07/09/2008
La Voz del Interior - Córdoba - Nota - Opinión
Aerolíneas, ¿argentinas?

La llamada reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, lejos de poner fin al largo conflicto entre el Estado argentino y la operadora española Marsans, abre un nuevo e intrincado capítulo de negociaciones, que serán duras y difíciles.
Por 46 votos contra 21 el Senado de la Nación aprobó la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral a través de la compra de acciones al grupo Marsans, poniendo fin a un largo conflicto entre el Estado argentino y la operadora española. Decir “poner fin” quizá sea un eufemismo, ya que esta historia está lejos de haber terminado, dadas las instancias legales y comerciales que aún quedan y sobre todo por la pesada herencia económica que deberá afrontar la nueva empresa. Una empresa cuyo exacto perfil no está definido, ya que no se sabe si será una empresa estatal en un ciento por ciento o una empresa mixta con mayoría estatal o una con fuerte participación del Estado.

La iniciativa aprobada por el Senado autoriza al Estado a rescatar a ambas líneas aéreas a través de la compra de acciones societarias, y establece asimismo el control parlamentario del valor de la tasación de las dos compañías y de los aportes financieros destinados a recuperar la operatividad, los que deberán ser informados a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado. Y cualquiera sea la forma societaria que asuma la nueva empresa, la ley dispone que el Estado no perderá la mayoría accionaria.

La oposición, si bien votó en contra del proyecto gubernamental, no lo hizo por estar en contra de la reestatización de Aerolíneas y Austral sino por objetar las condiciones en que ésta fue encarada por el Gobierno. Había diversas opiniones, una de las cuales –la predominante– decía que comprar una empresa que dejaba una deuda 890 millones de dólares no era un buen negocio para el Estado argentino, y que por lo tanto había que pensar en otras alternativas, entre ellas la de crear una nueva empresa de bandera nacional.

Pero también en los bloques oficialistas del Congreso había diversidad de opiniones, como lo demuestra que el proyecto original elevado por el Poder Ejecutivo fue modificado por el Congreso, primero por Diputados y después por el Senado. Y una de las modificaciones fundamentales fue la eliminación del artículo que ratificaba el acta-acuerdo suscripta por el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, y el grupo Marsans, según el cual la Argentina se hacía cargo de la deuda de 890 millones de dólares. Sin embargo, los legisladores de la oposición insistieron en que, si bien el referido artículo había sido eliminado, el acta-acuerdo seguía vigente.

Uno de los senadores nacionales por Córdoba, Roberto Urquía, dijo que el Tribunal de Tasaciones de la Nación iba a tomar todos los recaudos para que “los argentinos no tomemos una deuda que no hemos contraído”. Pero otro senador por Córdoba, Carlos Rossi –que votó en contra del proyecto oficialista– dijo que la ley debía consignar expresamente que el acta entre Ricardo Jaime y Marsans quedaba sin efecto y que el pasivo de 890 millones de dólares debía ser afrontado exclusivamente por la empresa española.

Como puede advertirse, hay demasiados dimes y diretes en torno al “acta-acuerdo”, respecto de cuya validez no hay consenso entre los legisladores nacionales. Pero hay más todavía: el senador Urquía dijo que “el Estado es la persona jurídica ideal para la gestión, aunque con delegación privada del gerenciamiento”. Parece una buena fórmula, sensata, racional, equilibrada, pero entonces no hay que llenarse la boca con la palabra reestatización, porque si el gerenciamiento –o sea el manejo empresarial y operativo de la nueva empresa– va a estar en manos privadas, quiere decir entonces que no se vuelve a un estatismo ineficiente y ultramontano, que fue el que desencadenó las privatizaciones en masa de la década de 1990.

Hay, pues, muchos aspectos sobre los cuales la opinión pública no está bien informada y que dan pie a dudas. Hay una ley aprobada por el Congreso, pero la negociación con Marsans –y por interpósita persona con el Estado español– continúa, y es muy posible que transcurra por aguas turbulentas, ya que en estas cosas nadie regala nada. Pero lo que hay que destacar es que el Congreso argentino ha tomado en este tema el toro por las astas, se ha reservado las facultades que les son propias y puesto coto a ese sistema de gobernar a través de los superpoderes y los decretos de necesidad y urgencia. Lo que es sumamente positivo.