26/09/2008 03:09
Página 12 - Nota - Economía
- Pág.6
EL GRUPO MARSANS DEJO UN ROJO CERCANO A
LOS 1000 MILLONES DE PESOS
En Aerolíneas lo que
gana es el pasivo
>El grupo español presentó
los balances atrasados, de donde surge un
patrimonio neto negativo millonario. Es
un dato clave para la valuación de
las acciones de la compañía,
que el Estado aspira a tomar. Habrá
una asamblea en tres semanas.
Por Cledis Candelaresi
Tras una ansiosa espera de los legisladores
y tasadores oficiales, las gerencias financiera
y técnica de Aerolíneas Argentinas
presentaron ayer al directorio el balance
de 2007 y el que corresponde a julio de
2008. Según fuentes oficiales, los
estados contables descubren que, junto a
su controlada Austral, la compañía
tiene un patrimonio neto negativo cercano
a los 1000 millones de pesos que, de acuerdo
con la ley de Sociedades, debe ser reintegrado
so pena que la sociedad se disuelva. Este
dato también resulta decisivo para
la valuación de las acciones que
el Estado aspira a comprar.
Esos estados contables sobre los cuales
los directores estatales no se pronunciaron
serán formalmente considerados en
una asamblea de accionistas el 14 de octubre.
Casualmente, el mismo día que vence
la polémica acta acuerdo que firmó
Planificación con los socios privados.
El directorio de Aerolíneas, que
integran diez representantes de Marsans,
dos por el Estado nacional y uno por los
trabajadores, se reunió durante toda
la semana para poder redondear el tema,
bajo la presión de la Inspección
General de Justicia para que subsane un
vicio de forma, como no haber presentado
el balance de 2007 antes del 30 de abril.
No fue el único defecto formal.
Los proyectos de balance no fueron acompañados
por el informe del auditor externo, la consultora
Price. Esa fue una de las causas por la
cual los directores estatales Julio Alak
y Vilma Castillo se abstuvieron de pronunciarse
sobre el tema, mientras que los delegados
de los españoles optaron por “tomar
razón”, procedimiento eufemístico
para avalar. Aun así, para que sean
aprobados por la asamblea de accionistas
es necesario que la Auditoría General
de la Nación también se expida,
según dispone la ley de reestatización.
El patrimonio neto negativo de la empresa
da un elemento más de negociación
al Estado que, casualmente, en el Presupuesto
2009 reservó para Aerolíneas
un importe similar a esa brecha entre un
pasivo más grande que el activo.
El Estado tiene sólo el 5 por ciento
de la empresa y nada en Austral. Si, como
todo sugiere hasta el momento, decide capitalizarlas
en aquel monto irá avanzando de hecho
en la compra de las acciones cuya cotización
hoy intentan el Credit Suisse y el Tribunal
de Tasación. Si a ese posible aporte
se suman todos los que viene haciendo para
garantizar la operatividad de las líneas
aéreas, más la cobertura del
pasivo, el rescate en curso puede resultar
extremadamente oneroso.
La asamblea de accionistas fue convocada
para el mismo día en que vence el
acta acuerdo que Planificación firmó
con Marsans y que, a contramano de la ley
de reestatización, dispone que el
precio de las acciones a recomprar por el
Estado deben surgir de un acuerdo de las
partes o ser impuesto por un tercero a elegir.
En esto sí hay comunión de
criterios.
La distancia resurge a la hora de confeccionar
un plan de negocios, crucial para definir
el futuro de las líneas aéreas.
Marsans habría elaborado un auspicioso
plan en el que prevé que en corto
plazo no sólo se habrá esfumado
el déficit operativo sino que el
grupo tendrá una rentabilidad acorde
a la industria. No es una cuestión
menor, ya que los accionistas españoles
aspiran a que las acciones a comprar por
el Estado sean valuadas según el
método de flujo de fondos que, justamente,
contempla la evolución de la caja
y no sólo la foto que contrasta los
magros activos con los abultados pasivos
actuales.
Los balances fueron acompañados
por un bosquejo de aquel programa, que desde
el Estado se mira con desconfianza: no hay
siquiera coincidencia respecto de cuál
es la flota en condiciones operativas ni
cómo podría ser reestructurada.
“Esto supone un paso adelante de cara
a que los evaluadores tengan las herramientas
adecuadas para fijar un precio de venta
de las acciones al Estado argentino”,
se entusiasmaron ayer fuentes empresarias
en declaraciones formuladas a la agencia
EFE.