29/09/2008
COTIZALIA (DIARIO FINANCIERO ESPAÑOL)
La marcha de la jueza Gallego
al CGPJ retrasa la causa contra Díaz
Ferrán y Gonzalo Pascual
¿Recuerdan
a ese resignado Bill Murray atrapado
en el tiempo, que cada mañana
se despertaba para vivir siempre el
mismo día, la conmemoración
del Día de la Marmota? Pues
esa es de alguna manera la sensación
que recorre a Rafael Caro Moya, abogado
de la acusación particular
en el denominado caso Aerolíneas
contra los dueños de Marsans,
cuya espera alcanza ya los cuatro
años. Gonzalo Pascual y Gerardo
Díaz Ferrán están
imputados por un presunto delito de
apropiación indebida de fondos
públicos, delito fiscal y falsedad
documental en la toma por parte de
la española de la aerolínea
de bandera argentina allá por
el año 2001. Siete años
después, el nombramiento de
Gemma Gallego como vocal en el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ)
obliga a la jueza a dejar a medio
camino la instrucción de una
causa abierta en 2004, lo que retrasará
aún más la decisión
sobre la apertura de juicio oral. |
El presidente
de Marsasns,
Gerardo Díaz Ferrán
(Efe) |
“La nueva jueza tiene que continuar
con la instrucción. Yo le he enviado
un nuevo informe en el que resumo los hechos
para intentar acelerar su puesta al día,
pero la verdad es que llevamos ya cuatro
años y vamos por el décimo
tomo”, afirma Caro Moya, para quien
“todo se ha dilatado de una forma
innecesaria, ya que desde hace ocho meses
está sobre la mesa el informe pericial
de la Agencia Tributaria”. Dicho documento
concluye que Air Comet, propiedad de Marsans,
defraudó en sus cuentas del ejercicio
fiscal 2001-2002 un total de 99 millones
de euros tras comprar Aerolíneas.
Para el abogado de la acusación particular,
el nombramiento de la jueza Gallego para
el CGPJ resulta “muy curioso y, desde
luego, muy significativo”. Titular
del Juzgado de Instrucción número
35 de Madrid, Gallego es sobre todo conocida
por el caso del ácido bórico.
Ella fue la jueza que sentó en el
banquillo de los acusados a mandos de la
Policía Científica a partir
de un informe pericial de esta instancia
que vinculaba a un comando de ETA y a la
célula islamista que estaba detrás
del 11-M. Su nombramiento para el CGPJ se
produce a instancias del Partido Popular.
Para Caro Moya, de lo que no cabe la menor
duda es de que “la nueva jueza tendrá
que tomarse su tiempo y la instrucción
se retrasará todavía más”.
Atrapados en Argentina
En el informe que la acusación
ha hecho llegar a la nueva jueza, Leticia
García Clérigo, al que ha
tenido acceso El Confidencial, se hace balance
de una instrucción larga que cobra
hoy especial relevancia en tanto Marsans
mantiene una posición muy delicada
en Argentina, de donde no quiere irse con
las manos vacías en el proceso de
reestatalización de la aerolínea.
Una pugna con la Casa Rosada en la que la
propia compañía admite que
necesitará todos los apoyos diplomáticos
posibles. La situación ha encallado
al aprobar el Parlamento argentino una ley
según la cual el precio final de
la aerolínea será aprobado
por la Cámara tras la valoración
del Tribunal de Tasación. Una disposición
que cuestiona el acuerdo alcanzado por el
Gobierno de los Kirchner y la compañía
española y según el cual ambas
partes llevarían a cabo tasaciones
independientes y, en caso de desacuerdo,
se recurriría a una tasación
independiente.
En el informe que la acusación ha
hecho llegar a la nueva jueza, , al que
ha tenido acceso , se hace balance de una
instrucción larga que cobra hoy especial
relevancia en tanto Marsans mantiene una
posición muy delicada en Argentina,
de donde no quiere irse con las manos vacías
en el proceso de reestatalización
de la aerolínea. Una pugna con la
Casa Rosada en la que la propia compañía
admite que necesitará todos los apoyos
diplomáticos posibles. La situación
ha encallado al aprobar el Parlamento argentino
una ley según la cual el precio final
de la aerolínea será aprobado
por la Cámara tras la valoración
del Tribunal de Tasación. Una disposición
que cuestiona el acuerdo alcanzado por el
Gobierno de los y la compañía
española y según el cual ambas
partes llevarían a cabo tasaciones
independientes y, en caso de desacuerdo,
se recurriría a una tasación
independiente.
En el escrito remitido al juzgado número
35, Caro considera acreditado que, en el
traspaso de Aerolíneas Argentinas,
Air Comet habría utilizado para sus
propios fines los 300 millones de dólares
que la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio
de Economía y Hacienda, ingresó
en Interinvest -sociedad propietaria de
la aerolínea- y cuyo destino era
pagar pasivos en Aerolíneas Argentinas.
En lugar de eso, Air Comet se hizo titular
de los créditos, personándose
en el concurso de acreedores de Aerolíneas,
el que aprobó una quita del 60%.
Esos créditos, por valor de 114 millones
de dólares tras la citada quita,
habrían sido transformados en aportes
irrevocables a cuenta de futuras ampliaciones
de capital y posteriormente en acciones.
Esas participaciones serían precisamente
las que ahora adquiriría el Estado
argentino.
“Van a obtener unos importes económicos
millonarios cuando consta más que
acreditado que el equivalente a 114 millones
de dólares de esas acciones proceden
de la capitalización en acciones
de unos créditos que fueron adquiridos
con unos fondos públicos entregados
por SEPI y cuyo destino inicial era cancelar
pasivos del concurso de Aerolíneas
Argentinas y no adquirir los créditos,
según acreditó el Tribunal
de Cuentas en sus informes”, explica
el letrado. Para Caro, el cambio en la figura
del acreedor supuso una modificación
de la operación aprobada por el Consejo
de Ministros para el traspaso de Interinvest
y, por tanto, de Aerolíneas.
¿Imputación a la SEPI?
Es más, Caro considera que la SEPI
es “partícipe directa de los
hechos”, por lo que recuerda en el
citado documento que sigue pendiente la
posible imputación de su consejo
de administración. Y es que, según
reza el documento, la principal alegación
de los imputados respecto al desvío
de fondos públicos es asegurar que
todo se hizo de acuerdo con la SEPI. Cosa
por otra parte imprescindible, si se tiene
en cuenta que la cuenta bloqueada del BBVA
titularidad de Interinvest donde se ingresaron
los 300 millones para el pago de pasivos
sólo podía disponer de fondos
para realizar pagos a terceros fimando mancomunadamente
un apoderado de la propia Interinvest con
uno de la SEPI. “Fue parte actuante
necesaria en los hechos”, dice Caro.
Ignacio Ruiz Jarabo era entonces presidente
de la Sociedad de Participaciones Industriales.
El día 13 es la fecha tope para concretar
la cuantía de la venta de Aerolíneas,
según el acta de acuerdo firmada
por Marsans y el Gobierno. Credit Suisse
está llevando a cabo la tasación
de Marsans y el Tribunal de Tasación
de la Nación para el Estado argentino.
En paralelo está la ley que otorga
al Congreso la última palabra. Según
Víctor Muñoz, gerente del
grupo español, Aerolíneas
tenía activos por 720 millones de
dólares y pasivos por 890 millones
a 31 de mayo, matizando que hay que tener
en cuenta a la hora de efectuar una valoración
lo que supone la marca de la compañía
y el flujo de fondos futuros. Aunque algunos
miembros del Gobierno argentino han apuntado
que la compañía vale “cero
pesos”, para Caro “el Ejecutivo
terminará pagando algo por la salida
de Marsans, aunque si cumpliera bien con
su trabajo no debería pagar nada”.
